El deseo de Juan Carlos I de regresar a España es humanamente comprensible, pero es de difícil gestión habida cuenta la insólita situación del rey emérito, cuyo primer aniversario residiendo en Abu Dabi se cumplirá el próximo martes. Todo cuanto ha trascendido en los últimos 12 meses -las incógnitas acerca de la cuantía y localización de su fortuna, las regularizaciones voluntarias con Hacienda por un total de 4,6 millones de euros, las declaraciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein y la movilización de sus abogados-, las decisiones adoptadas por Felipe VI para distanciarse de la conducta de su padre y las reservas del Gobierno complican enormemente el viaje de regreso. Y las investigaciones en curso de la Fiscalía no hacen más que abundar en esa complejidad y llenan de incertidumbre el futuro porque es impredecible cuál puede ser la luz que arrojen y qué consecuencias pueden tener.

Ni la popularidad de que llegó a gozar Juan Carlos I en gran parte de su reinado ni los servicios prestados a la restauración de la democracia, incluida la neutralización del golpe del 23-F, son suficientes para compensar y reparar el daño causado a la Corona como institución y a la monarquía como forma de Estado. De tal manera que es lógico que tanto Felipe VI como el Gobierno mantengan reservas sobre la conveniencia de una vuelta a casa y la instalación en España del rey emérito, aunque sea en un lugar diferente a La Zarzuela y con una proyección pública limitada en extremo. Si algo caracteriza a las monarquías europeas, además de que el jefe del Estado reina, pero no gobierna, es la necesidad permanente de preservar el prestigio de la institución, cuya aceptación popular depende en última instancia del respeto de que gozan las familias reinantes.

Es lógico que tanto Felipe VI como el Gobierno mantengan reservas sobre la conveniencia de una vuelta a casa y la instalación en España del rey emérito

Imágenes veladas

Hay demasiadas imágenes veladas de los últimos años del reinado de Juan Carlos I y de los que han seguido a su abdicación (junio de 2014), y se da además una circunstancia de orden generacional que no puede soslayarse: los aspectos más singulares de la transición carecen de trascendencia para un porcentaje cada vez mayor de españoles. Poco o nada interesa a un segmento importante de la opinión pública que las hijas del rey emérito lo visiten en Abu Dabi o que Felipe VI hable de vez en cuando por teléfono con su padre. Sí sorprende a esa misma opinión pública que quien con harta frecuencia prodigó sus llamamientos para un comportamiento ético de los gestores públicos sea hoy un ciudadano bajo sospecha, alguien que ha manejado al parecer ingentes cantidades de dinero fuera de toda norma.

Son demasiadas las razones para lamentar la defensa acrítica de la institución monárquica a la que aspira la derecha. La restauración del prestigio de una autoridad hereditaria meramente representativa depende en última instancia de la solvencia moral y la sintonía con la calle de quienes en cada momento son sus depositarios. Dicho de otra forma: pretender que palacio sea una caja cerrada, sin contacto con el exterior y a salvo de todo desgaste o crítica, puede ser útil a muy corto plazo, pero con toda seguridad es pernicioso a medio y largo plazo, como se deduce fácilmente de la azarosa historia de España de los dos últimos siglos. Se quiera o no, el comportamiento de Juan Carlos I ha hecho que el reinado de Felipe VI se someta a examen todos los días.