— Las medidas contra la violencia machista incluyen un «instrumento estandarizado» que facilitará la detección en atención primaria. ¿En qué consiste?

— Nos parecía importante, porque es una demanda de la sociedad civil, que los servicios públicos de proximidad, como los centros de salud, fuesen una puerta por la que las víctimas y su entorno pueden entrar para recibir ayuda y acompañamiento. Pero la sanidad demandaba formación y un instrumento que permitiese una mejor detección, con preguntas concretas, que sirvan a los profesionales para identificar los casos de riesgo.

— ¿Qué presupuesto conllevará el catálogo?

— Tenemos el mayor presupuesto dedicado a este problema. En él se incluyen 80 millones, que se reparten con otros departamentos ministeriales, y ese es el presupuesto que se va a utilizar.

— ¿Cuándo habrá educación sexual igualitaria y reglada en los centros educativos?

— Para ello se han dado pasos decisivos en la ley de educación, pero como es parte del ADN del ministerio hemos introducido en la ley sí es

sí y en la ley trans medidas para todas las etapas de la vida educativa contra cualquier discriminación y violencia. Además, vamos a realizar campañas enfocadas a los adolescentes. Pero efectivamente, tiene que ser parte del currículo.

— ¿Los próximos presupuestos rebajarán el IVA de los productos de higiene femenina?

— Hemos pasado de disputar la tasa rosa a la morada. Esto significa que no solo vamos a defender desde este ministerio que la rebaja se dé en productos de higiene femenina sino también en los que tienen que ver con el cuidado, como los pañales. No es una competencia de Igualdad pero me pongo la etiqueta de Unidas Podemos, porque creemos que es de justicia negociarlo.

— En la ley sí es sí se han introducido medidas contra el proxenetismo, ¿eso conllevará la desaparición de todos los prostíbulos?

— Hemos recuperado la tercería

locativa, es decir, que se sancione a los terceros que se lucren de la explotación sexual. No sancionaremos a las mujeres cuando se ponen de acuerdo para alquilar un piso y ejercen por su cuenta, sino que atacamos a los proxenetas. A partir de ahí, hay que seguir dando pasos, pero está claro que la lucha contra la industria es decidida.

— Un sector del feminismo rechaza la ley trans, aunque haya que esperar tres meses a obtener el cambio de sexo. ¿Qué opina?

— Es una ley que protege derechos humanos y todo lo demás son discursos torticeros, que están dando la espalda a la realidad y están bastante cerquita de la LGTBIfobia. Esta ley es un avance para el colectivo, por muchas cuestiones. Por primera vez se considera que las personas trans no son enfermas. Y se prohíbe la terapia de conversión. Y la autodeterminación de género es un derecho. Nadie tiene por qué decir quién eres y cómo has de vivir tu identidad.

— Dicho sector teme que algunos hombres se aprovechen en competiciones deportivas y para burlar leyes.

— Eso sería fraude de ley, nadie puede cometer un delito y luego cambiarse de identidad de género para sacar rédito. Esos discursos instalan que las personas trans deciden cambiarse el sexo, algo que supone una dificultad de vida enorme, porque sí, como si fuera pasear comiendo pipas.

— En la reforma de la ley del aborto, prevén atajar la violencia obstétrica, pero el Colegio de Médicos rechaza que exista en España.

— Los organismos internacionales hablan de violencia obstétrica como una vulneración de los derechos que hay regular. En ese sentido nos vamos a mover. Hemos iniciado un proceso participativo con sanitarios, el movimiento feminista, la sociedad civil y expertos. Además, hay que abordar un tema más profundo y que tiene que ver con las condiciones laborales de los sanitarios. A partir de ahí hay que reconocer que la violencia obstétrica existe, que está invisibilizada y normalizada y por eso tenemos que nombrarla porque, si no se nombra, no existe.

— ¿Se facilitará que las mujeres firmen consentimientos informados ante procedimientos invasivos en el parto?

—El parto respetado estará el centro de la legislación. Es importante reconocer que las mujeres tienen derecho a ser informadas y a tomar decisiones sobre su parto, su posparto y su maternidad.

— Para facilitar la conciliación, han aprobado el Plan Corresponsables, pero está dotado con una partida modesta. ¿Se va a incrementar?

— El plan supone que por primera vez el Estado se corresponsabiliza y atiende a la crisis de cuidados. Este proyecto está dotado con 200 millones de euros que se destinan a una bolsa formada por jóvenes o mujeres adultas que certificarán su experiencia y aportarán el servicio a domicilio o en espacios habilitados. Es una política semilla, modesta, pero la pretensión es que aumente y sea el inicio de un sistema estatal de cuidado.

— ¿Y qué más van a hacer?

— Abordar los cuidados va más allá del plan. Hemos avanzado en este terreno, pero queda muchísimo por hacer. Por ejemplo, rescatar la educación de 0 a 3 años y abordar el cuidado de los mayores con el plan de la dependencia. Y vamos a colaborar en la ley de tiempo corresponsable, que va a atacar los puntos de desigualdad laboral de las mujeres. Y es importante resaltar también los decretos de igualdad retributiva y transparencia salarial .

«Hay que seguir dando pasos pero la lucha contra los proxenetas es decidida»

«Hay que reconocer la violencia obstétrica porque está normalizada»