Solo las vacunas podrán salvar a España de un esperpento. Algunos han aprendido poco de las terribles cifras de la pandemia, con más de 78.000 muertos. Parecía imposible que pasara, pero ha ocurrido: no entra en los parámetros de la normalidad que después de una situación extrema el Gobierno central concluya el estado de alarma sin la elaboración de un plan b que permita a todas las comunidades ceñirse a un espacio normativo común para garantizar las medidas restrictivas que hubiera que tomar en el futuro. El resultado, un caos sujetado de diferentes maneras en las distintas regiones y con interpretaciones dispares por parte de los tribunales superiores de justicia. El gobierno aragonés, que sí se ha pertrechado de un ley específica, y es plausible su anticipación, también corre el riesgo de que el TSJA tumbe futuros confinamientos.

Sin embargo, Aragón, Murcia, Madrid, Cataluña o Galicia se hayan sumidos en misma la sensación de incertidumbre que se apodera de una situación que también puede generar en los ciudadanos un hartazgo mayúsculo tras una dura travesía. El propio Tribunal Supremo ha cuestionado el cambio legal impuesto por el Gobierno para que sea el Alto Tribunal el que fije criterio sobre lo que pueden o no pueden hacer las autonomías. Todo un despropósito coral que vuelve a girar las miradas de toda Europa y que ya ha tenido la primera consecuencia desde el Reino Unido, que desaconseja a sus ciudadanos que viajen este verano a España por la situación que atraviesa. El fiasco no es menor y puede agravarse en las próximas semanas ante los primeros recursos judiciales interpuestos. Si alguien se hubiera propuesto adoptar una estrategia inane, no lo hubiera superado.

La única esperanza para resolver una más que probable primavera convulsa se halla en el ritmo de la vacunación: en ese sentido, Aragón no ha cogido aún velocidad de crucero, como no ha podido hacerlo ninguna Comunidad por la falta de dosis suficientes, pero sigue inmunizando sin descanso: el 35,4 % de la población aragonesas ya ha recibido al menos un pinchazo y el 16,7% la pauta completa. A ello habrá que agarrarse.

Después de más de un año de pandemia, la incertidumbre se posa en la normativa legal y en la decisión del Supremo