Concluido el estado de alarma, surge el temor de que pueda producirse un abandono prematuro de las precauciones contra la covid. El Gobierno de Pedro Sánchez ha elegido, al no prorrogarlo, una opción arriesgada, con el peligro de repetir los errores del año pasado. Para evitarlo, las autoridades en todos los niveles deben transmitir a los ciudadanos mensajes de prudencia y han de estrechar la colaboración para poder reaccionar ante posibles rebrotes de la covid

Al declarar el estado de alarma en noviembre por seis meses, el Ejecutivo buscaba eludir el control parlamentario de una renovación quincenal. Ahora, al negarse a prorrogarlo, parece abonarse a la misma ‘comodidad’ política. Desde un punto de vista sanitario, tal como sostiene la consejera aragonesa Sira Repollés hoy en una entrevista, hubiera sido más coherente prorrogarlo. El ejecutivo central tampoco ha promovido cambios legales que faciliten la tarea, y asistimos a pronunciamientos contradictorios sobre la misma cuestión en distintos tribunales autonómicos. Así, la situación a que da lugar el final del estado de alarma tiene graves inconvenientes. La falta de un marco legal adecuado puede dificultar la toma de medidas de control necesarias ante posibles rebrotes y si vuelven a fijarse restricciones de derechos fundamentales como toques de queda o confinamientos, se hará sin el control parlamentario necesario previsto en la Constitución. Por añadidura, el levantamiento del estado de alarma puede transmitir a muchos ciudadanos un equivocado mensaje de seguridad que no se corresponde con la situación real de la pandemia, que hasta que la vacunación no esté más avanzada puede seguir generando enfermedad y muerte. España no puede permitirse repetir el error de la precipitada desescalada de 2020. Es imprescindible que los gobiernos central y autonómicos asuman de manera coordinada sus responsabilidades para adecuar las normas en cada momento y lugar a la situación sanitaria.