ZARAGOZA. La excontable de la Asociación de Industriales de Cuarte (AIC) reconoció ayer sin titubear en la Audiencia de Zaragoza haber detraído de las cuentas de la organización algo más de 148.000 euros a través de distintos ‘pellizcos’. Lo hizo durante varios años, entre 2017 y 2019, camuflándolos entre pagos a distintos proveedores y sin levantar la más mínima sospecha en la AIC, donde gozaba de una gran reputación. «Se ha dejado la vida por la asociación, tenía libertad total a la hora de llevar las cuentas», apuntó uno de los integrantes de la directiva, que reclama el reingreso total de las cantidades sisadas. Es en este punto donde surgen las diferencias entre la encartada, Cruz D., la acusación particular y el Ministerio Fiscal. La primera considera que ya solo adeuda en torno a 42.500 euros. Pero las otras dos partes entienden que el agujero todavía supera los 85.000.

La encausada, quien según la defensa sufre problemas de ludopatía, fue devolviendo de forma paulatina y a escondidas pequeñas cantidades a las arcas del ente (uno de los últimos pagos ascendió a 1.071 euros y sirvió para pagar la electricidad y la línea telefónica). Pero la llamada en 2019 de un proveedor que detectó una anomalía permitió a la directiva averiguar que se habían acometido sucesivas transferencias «a cuentas corrientes de su propiedad» y que, incluso, «se extrajo dinero en efectivo, siempre cantidades redondas poco comunes en una contabilidad financiera». Esto llevó al AIC a contratar una auditoría externa para arrojar luz y poner cifras al presunto delito.

El asesor fiscal que asistió a los industriales halló «grandes desfases» en la contabilidad del año 2019, que la propia acusación particular, ejercida por la letrada Adoración Navarro, tildó de «completamente ficticia» e «irreal».

La confesión como atenuante

Tras escuchar a las partes, la Fiscalía modificó su solicitud de condena y pidió dos penas de cárcel distintas: un año y seis meses por un presunto delito de apropiación indebida y 21 meses de prisión por falsedad documental. La acusación y la defensa se adhirieron al criterio del Ministerio Público, si bien la abogada de la acusada, Jessica Serrano, rogó a la Sección Sexta que tuviera en cuenta como atenuante que «ha reconocido la autoría, a excepción de las cantidades devueltas». También solicitó una responsabilidad civil muy inferior.