TERUEL. El secretario general de la Diputación Provincial (DPT), M. A. A., de 61 años, es juzgado desde ayer en el Juzgado de lo Penal de Teruel por un supuesto caso de negociaciones prohibidas a un funcionario. El Ministerio Fiscal pide para el acusado la imposición de una multa de 7.200 euros y cinco años de inhabilitación para empleo o cargo público. La defensa, ejercida por el letrado Miguel Ángel Lou, demanda la absolución de su cliente. La vista continuará durante la jornada de hoy, en la que está prevista la declaración de varios testigos, entre los que figuran dos diputados provinciales y el expresidente de la DPT Ramón Millán.

La empresa Polo y Montón SCP, creada en 2006 por la esposa del secretario de la DPT –ostenta entre el 70% y el 80% del capital social– y por una socia, se encargó de trabajos de contabilidad de más de 40 ayuntamientos de la provincia. Cobraba por el servicio entre 200 y 400 euros al trimestre. La sociedad se encargaba de procesar los datos que remitían los consistorios para su tramitación ante los organismos de fiscalización. Los testimonios de los secretarios municipales que declararon ante el tribunal oscilaron entre quienes afirmaban que su interlocutor en la empresa era el propio M. A. A. y quienes negaban haber mantenido contacto con el acusado. Ninguno conocía a las dos propietarias de la sociedad.

El secretario de la DPT afirmó que nunca intervino desde su puesto de trabajo en nada relacionado con la empresa de su esposa. Reconoció que mantuvo contactos con secretarios de ayuntamientos, pero los enmarcó en consultas sobre cuestiones municipales, una práctica que es «habitual» entre colegas. Añadió que si en alguna ocasión fue visto por los clientes en la oficina de Polo y Montón fue porque utilizaba uno de sus despachos para estudiar.

El fiscal señaló que en el periodo de actividad de la empresa, de 2006 a 2015, Polo y Montón ingresó en una cuenta de la que era titular el acusado «más de 300.000 euros en concepto de nómina». M. A. A. esgrimió un certificado del director de la entidad bancaria donde se efectuaban los ingresos para descartar que respondieran al pago de un salario. Negó haber intervenido en la gestión de la empresa, aunque varios de los testigos afirmaron que recurrieron a él para aclarar dudas sobre el trabajo contable contratado. Señaló que cuando la empresa arrancó tenía 50 clientes y cuando cerró quedaban 38, con lo cual su hipotética intervención hubiera sido «contraproducente».

El Ministerio Público señaló que el acusado figuraba como persona autorizada en la cuenta de Polo y Montón, además de ejercer en ocasiones como su representante legal ante organismos de la Administración. El fiscal sostiene que el secretario de la DPT lideró la gestión de la empresa de su esposa, una actuación que considera incompatible con su responsabilidad en la Diputación.

Miguel Ángel Lou dijo que el caso se ha construido en torno a la «interpretación de una norma». La instrucción, que se inició a raíz de la denuncia de un funcionario de la DPT, arrancó hace cinco años.