Los indultos aprobados por el Consejo de Ministros por razón de «utilidad pública» fijan un periodo de seguridad de entre tres y seis años. Este plazo condiciona la extinción total de las penas de prisión a los líderes independentistas a que no vuelvan a cometer delito graves y dolosos. De lo contrario, la medida de gracia sería revocada.

La incorporación a los expedientes individualizados de esta suerte de libertad condicionada trata de evitar que reincidan en actos contrarios a la Constitución, por ejemplo. Este periodo se ha distribuido de manera desigual entre los nueve condenados a penas de entre 9 y 13 años de cárcel, respectivamente, según la sentencia del ‘procés’ dictada en octubre de 2019.

Así, el periodo más alto, de seis años, se impone al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y a los exconsejeros Joaquim Forn, Josep Rull y Jordi Turull; cinco años a los líderes sociales Jordi Cuixart y Jordi Sànchez; cuatro a Raül Romeva y a la expresidenta del Parlament, Carmen Forcadell; mientras que a Dolors Bassa se fija en tres años. Fuentes del Ejecutivo han explicado que esta diferente aplicación se justifica en los «comportamientos» que han tenido los condenados desde otoño de 2017, cuando entraron en prisión preventiva. Las declaraciones públicas, sus posiciones con respecto al proceso secesionista, la voluntad de reiteración, su comportamiento en la cárcel o los pronunciamientos realizados en los medios de comunicación han servido para establecer esta horquilla temporal. Además, los expedientes aprobados suponen la «extinción total» de las penas de prisión que les restan por cumplir a los nueve condenados por delitos de sedición y malversación de caudales públicos. Hasta ayer habían pasado tres años y medio en la cárcel, más de 1.300 días, que no supone la mitad de las penas totales impuestas para ninguno.