MADRID. La pregunta más importante que se plantea ahora es saber qué recorrido tendrán los recursos que tanto el PP como Vox y Ciudadanos van a presentar para revocar los indultos. Los juristas consultados creen que las formaciones de Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas lo tienen complicado, pero no imposible.

¿Quién puede recurrir?

Una de las primeras decisiones que deberá tomar el Tribunal Supremo es dictaminar si los recursos son admitidos a trámite. En principio solo lo pueden presentar las partes implicadas. No es seguro, pero el de Vox podría pasar el corte sin problemas porque sí se personó como acusación particular. De hecho, fue Javier Ortega Smith, secretario general de la formación, el que se puso la toga y tomó la palabra en la Sala del Supremo durante el juicio celebrado a primeros de 2019. Más complicado es el caso del PP porque no fue acusación.

Pablo Casado insistió ayer en que su partido tiene todo el derecho a recurrir al considerarse «parte perjudicada». ¿Por qué? Aludió a la declaración de un miembro de los CDR que había asegurado ante el juez que planeaban atentar contra él. «Si los CDR son la continuación del 1 de octubre, podemos decir que somos parte perjudicada», aseguró. Fuentes jurídicas consultadas creen que ese argumento es poco sólido. En una situación similar estaría Ciudadanos.

¿Son «inexpugnables»?

En cualquier caso, con que pase el de Vox ya valdría. Será a partir de ahí cuando los magistrados del Supremo comiencen a valorar los argumentos jurídicos. Durante los últimos días el Gobierno de Pedro Sánchez ha trasladado que los indultos están tan bien cimentados que legalmente son «inexpugnables». No tanto, pero sí que, según los juristas, los recursos tienen un camino complicado.

El primer flanco por el que se podría atacar la decisión de Sánchez sería que fuese un indulto general. Pero el Ejecutivo ha presentado nueve decretos individualizados, cada uno de ellos de unos 30 folios. Aunque se habla de los indultos del ‘procés’ y se aborda como un indulto general, las peticiones están ‘personalizadas’.

La tesis de la «utilidad pública»

El segundo motivo por el que se podría intentar revocar los indultos sería el de la solidez del concepto de «utilidad pública». Un argumento abstracto convertido en uno de los pilares de la estrategia del Gobierno. Los juristas también lo ven complicado. «Puede que no nos gusten esas ideas e incluso que no las compartamos, pero seguro que van a estar bien justificadas», apuntan. Porque los indultos, no hay que olvidarlo, son potestad del Gobierno.

La posible arbitrariedad

Los especialistas sí ven una posible vía de agua por la que los indultos podrían naufragar. Se trata de la primera vez en la historia en la que las personas que van a ser indultadas no es que no hayan pedido perdón, es que han amenazado con volver a repetir los actos por los que fueron condenados. Puede ser simple retórica, pero el aviso está ahí. Si los magistrados entienden que hay una arbitrariedad, las opciones de que los recursos prosperasen aumentarían de forma considerable.

¿Cuándo se resolverán?

No a corto plazo. Los jueces tienen que analizar los documentos, oír a las diferentes partes...

¿Hay antecedentes?

Varios. Pero por causas que poco tienen que ver con la política. El más sonoro fue el del banquero Alfredo Sáenz, indultado por el Gobierno de Zapatero. El recurso fue aceptado y la medida de perdón, anulada.