MADRID. PP, Vox y Ciudadanos quieren, otro asunto es que puedan, impugnar en los tribunales la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de indultar a los líderes independentistas del ‘procés’. Las tres formaciones preparan ya por separado el recurso judicial contra esta medida de gracia a la espera de que la Sala Tercera del Tribunal Supremo dirima si tienen o no legitimación para recurrir. Los populares se sienten confiados y justifican su derecho a acudir a los juzgados como «parte afectada y perjudicada» en la causa mientras Vox reclama en exclusiva esta potestad por haber sido la única acusación popular en el juicio.

El presidente del PP, Pablo Casado, explicó ayer que intentarán presentar un recurso basándose en el informe de la Guardia Civil que le situaba como objetivo de los Comité de Defensa de la República (CDR), unos grupos clandestinos creados en Cataluña tras la sentencia del Supremo. Considera que están legitimados porque son «parte afectada» después de que se conociese que un miembro de estas células había realizado búsquedas en su móvil de políticos contrarios a la independencia de Cataluña entre los que se encontraría el líder conservador. «Si los CDR son la continuación del 1-0, si son los que Quim Torra alentó a seguir apretando, y si los CDR estaban planeando atentar contra mi somos parte perjudicada», aseveró en una entrevista en Onda Cero.

Los servicios jurídicos del PP trabajan desde hace semanas en la elaboración del recurso ante el Supremo contra los indultos que se publicarán hoy en el Boletín Oficial del Estado. El principal argumento que esgrimen contra la decisión del Ejecutivo es que no ha cumplido con los principios de «justicia, equidad y utilidad pública» para condonar la pena de los responsables del ‘procés. «Cuando un gobernante utiliza un indulto en beneficio propio, se está desmarcando de la legalidad vigente», remarcó la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra.

Los populares también argumentarán que no se ha producido ningún cambio en la actitud de los condenados, uno de los criterios que ya remarcó la Fiscalía cuando emitió su informe en contra de la medida de gracia. «Queremos reiterar que no hay ningún tipo de arrepentimiento –señaló Gamarra– y, no solo eso, hay declaración de que reincidirán».

La formación de Santiago Abascal irá un paso más allá y además de presentar un recurso ante el Supremo también se querellará contra todos los miembros del Gobierno que hayan votado a favor de los indultos en lo que califica de «golpe de Estado sin pistolas». «Vamos a exigir que se depure hasta la última responsabilidad, también en vía penal», advirtió la portavoz adjunta en el Congreso, Macarena Olona, quien acusó a Sánchez de pretender «autoindultarse a sí mismo» al acceder a la «exigencia» que le ha impuesto el soberanismo para poder mantenerse en la Moncloa.

Según explicó Olona, recurrirán el perdón gubernamental basándose en el precedente del indulto que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero concedió al exconsejero delegado del Banco Santander, argumentando que «el Gobierno ha incurrido en desviación de poder». Mientras se resuelve el recurso ante el alto tribunal, que suele tardar de media «de un año y medio a dos», Vox contempla solicitar la suspensión cautelar de la medida de gracia.

Aunque la formación ultraderechista cree que el Supremo atenderá su recurso «porque tenemos todos los argumentos a favor», existen también serias dudas sobre la legitimación de Vox para recurrir los indultos. Algunos juristas consultados recuerdan que si bien se constituyó como acusación popular en el juicio del ‘procés’, la formación de Abascal fue excluida de la ejecución de la sentencia por orden del tribunal sentenciador.

Ciudadanos también dará la batalla judicial contra los indultos. Desde la formación liberal defienden al igual que PP y Vox su «legitimación activa» para ir a la vía de lo contencioso administrativo y pedir que se revise la concesión de esta prerrogativa. «Hemos tenido la desgracia de ver vulnerados nuestros derechos fundamentales por parte de estos señores y hay una sentencia del Constitucional que así lo dice», denunció el líder naranja en el Parlamento de Cataluña, Carles Carrizosa.

Para los de Inés Arrimadas, el presidente del Gobierno está «escupiendo en la cara» de los catalanes que sufrieron los perjuicios del ‘procés’ e incumpliendo «el informe preceptivo» del tribunal, además de su «promesa» electoral y el «sentido común».