El independentismo lleva meses con la advertencia de que el conflicto no se acabará con los indultos. Y se guarda en la recámara el aviso adicional de que será difícil avanzar en la normalización si no se resuelve la situación de Carles Puigdemont, según afirmó días atrás el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró. El jefe del Ejecutivo catalán también señaló que con las medidas de gracia y la salida de prisión de los presos del ‘procés’ no bastará para resolver la cuestión catalana y pidió una solución para su antecesor.

La del expresidente de la Generalitat, huido en Bruselas desde octubre de 2017, es la próxima patata caliente con la que se va a encontrar Pedro Sánchez en sus conversaciones con el secesionismo. La petición de una salida para el fugado estará presente en la mesa de diálogo en cuanto se reúna tras año y medio en el congelador. La situación del líder de Junts es más compleja que la de los nueve presos indultados.

En estos momentos, Puigdemont, eurodiputado desde 2019, está procesado por sedición y malversación y pesa sobre él una orden de detención en España emitida por el Tribunal Supremo. Está pendiente de ser juzgado en el Alto Tribunal, junto a los también fugados Lluís Puig, Clara Ponsatí y Toni Comín, como lo fueron los doce dirigentes independentistas que se sentaron en el banquillo en 2019 y que ahora han sido indultados.

Una de las dirigentes que huyó a Bruselas junto a Puigdemont era la exconsejera Meritxell Serret, quien el pasado marzo decidió cambiar de estrategia. La dirigente de Esquerra se apartó de la vía Puigdemont de mantener la confrontación desde Waterloo y se presentó en el Tribunal Supremo para afrontar su causa penal por el ‘procés’. Declaró ante el Supremo y desde entonces está en libertad y ocupa su escaño de diputada autonómica a la espera de ser juzgada.

Una foto en la Diagonal

Puigdemont siempre ha amagado con regresar y esa amenaza ha cobrado más fuerza en las últimas semanas porque ha recuperado, de forma provisional, su inmunidad como europarlamentario. Puede moverse por toda la Unión Europea, pero si pisa España sería detenido. Hace nueve días, incluso, dio a entender que estaba en Barcelona al publicar una foto de la avenida de la Diagonal en su cuenta de Twitter. Su abogado, Gonzalo Boye, le ha recomendado no cruzar la frontera de Francia y España.

Su vuelta a España ha generado también controversia en el

Gobierno central, ya que la posición de los ministros del PSOE y los de Unidas Podemos no es en absoluto coincidente. La ministra Ione Belarra defendió días atrás que pueda regresar sin que sea detenido, pero desde la parte socialista replicaron que si entra en España será para ser juzgado.

Durante la última campaña electoral, Pedro Sánchez hasta se comprometió a «traer de vuelta a España» al expresidente para que rinda cuentas con la justicia. En los últimos días, el Gobierno ha dejado caer incluso que Puigdemont también podría ser indultado aunque no se haya sentado en el banquillo, pero en el independentismo confían más en la reforma del Código Penal para rebajar las penas por el delito de sedición. En ese caso, sería juzgado en diferentes circunstancias que sus excompañeros de Govern y afrontaría una menor petición de condena.

Su baza está también en Europa, si el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos tumba la sentencia del ‘procés’, que ya han recurrido algunos de los dirigentes indultados, como Jordi Cuixart o Jordi Turull.