ZARAGOZA/HUESCA. La decisión del Gobierno central de indultar a los presos del ‘procés’, aprobada ayer en el Consejo de Ministros, provocó ayer una clara división de los partidos aragoneses, que se alinearon por bloques ideológicos a la hora de valorar la decisión. Mientras tanto, la consejera de Presidencia, la socialista Mayte Pérez, señaló durante su visita a Huesca que, en política, «a veces hay que arriesgarse para solucionar las cosas que no funcionan». Con esta palabras dio un paso más a la hora d valorar la medida de gracia concedida por Pedro Sánchez a los independentistas tras haber votado el PSOE en contra de las iniciativas de rechazo de los indultos en las Cortes de Aragón la semana pasada junto al resto de la izquierda.

Mayte Pérez apuntó que estar en un partido significa «trabajar por el bienestar de la gente, por resolver los problemas» y manifestó que la alternativa del PP para reconducir la situación creada en Cataluña y recuperar la convivencia no da buen resultado. A este respecto, apostilló que es algo que se ha podido ver de forma objetiva: «Cuando los populares gobiernan suben los independentistas, hacen referendos ilegales...».

La portavoz del cuatripartito, que en un principio apuntó que no era partidaria de hablar de lo que no compete a Aragón para no meterse «en camisa de once varas», señaló que de Huesca hay un claro ejemplo de la política fallida del PP en este sentido.

Pérez se retrotrajo al 2017. El 27 de octubre de aquel año, tras el referéndum ilegal celebrado el día 1 de ese mes, el Gobierno de Mariano Rajoy intervino la autonomía de Cataluña aplicando el artículo 155 de la Constitución Española. «Con el artículo 155 vigente, el PP que, era entonces quien dirigía la Generalitat, podía habernos devuelto los bienes del monasterio de Sijena, pero el Gobierno de Aragón tuvo que ir a Lérida a por ellos». Por si sus palabras no habían sido lo suficientemente claras, la consejera acudió a dos sentencias populares y dijo: «Una cosa es predicar y otra dar trigo» y «el movimiento se demuestra andando».

La valoración del líder autonómico del PP, Luis María Beamonte, fue diametralmente distinta: «La convivencia y la concordia no es ir en contra de la ley. Estos indultos no son una medida de gracia, sino un acto cobarde contra la democracia para que Pedro Sánchez perdure en el poder». No obstante, vaticinó que los españoles, cuando acudan a las urnas, «sin ninguna duda le dirán lo que piensan de estas medidas y de su comportamiento».

La misma crítica vino de las filas de Cs, cuyo coordinador, Daniel Pérez, censuró que el presidente pretenda «asegurar su sillón» y su Gobierno haya vuelto a «abandonar y humillar a los constitucionalista» y confundir Cataluña con separatismo.

También se refirió a ello el portavoz de Vox, Santiago Morón, quien cuestionó una medida que tildó de «irresponsable e innecesaria» para que Sánchez se mantenga dos años más en la Moncloa y que, a su juicio, es contraria a los intereses de los españoles y supone un debilitamiento del Estado de derecho.

Su homólogo del PAR, Jesús Guerrero, habló de «error» porque los condenados no han mostrado arrepentimiento y no fueron condenados por ejercer su libertad de expresión sino por sedición. «Habría que respetar la negativa de los de los jueces y fiscales a este privilegio», añadió.

La izquierda mantuvo un mensaje muy distinto, el de la reconciliación, sin dejar de criticar la judicialización por la que optó el PP. «No ha servido para solucionarlo, sino que ha enquistado posiciones. El diálogo, la negociación y el debate es el camino, y los indultos son un primer paso», expresó el portavoz de Podemos, Nacho Escartín.

En los mismos términos se expresó el líder de CHA, Joaquín Palacín, quien consideró que con «la ventana abierta» de los indultos debería ser ahora el tiempo de la política, «de la capacidad y de la voluntad para abrir caminos de diálogo para alcanzar soluciones». Y su homólogo de IU, Álvaro Sanz, sostuvo que es momento de «coser heridas» y de devolver al terreno de la política un conflicto cuya resolución es, añadió, «una obligación para cualquier demócrata que anteponga la concordia al frentismo y la crispación».