Los nueve condenados por el ‘procés’ saldrán hoy de prisión tras aprobar ayer los indultos el Consejo de Ministros presidido por Sánchez. El presidente del Gobierno hizo una declaración desde la Moncloa en la que instó a «pasar página» y defendió los indultos parciales, reversibles y condicionados como muestra de la «grandeza» del Estado. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, dijo que el Gobierno admite así que «las condenas fueron injustas» y pidió un referéndum.

MADRID. Los indultos a los líderes del intento de secesión de Cataluña juzgados y condenados en octubre de 2019 por el Tribunal Supremo son ya un hecho. Un largo Consejo de Ministros de casi cuatro horas y media de duración les dio ayer, finalmente, el visto bueno. Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez podrían quedar en libertad hoy. El Gobierno ha optado por mantener, como estaba previsto, las penas de inhabilitación para el ejercicio de cargo público pero, a cambio de no volver a cometer un delito grave en un plazo que va, según los casos, de tres a seis años, les perdona las de cárcel por sedición y también, aunque en un primer momento se pensó no hacerlo, por malversación.

Pedro Sánchez compareció en la Moncloa minutos después de tomar la medida para ofrecer una declaración institucional con un recado específico para los independentistas. «La democracia española demuestra su grandeza y es una buena ocasión para que la demuestren también –dijo– quienes la cuestionan». En el Ejecutivo sostienen que el mundo secesionista ha de ser consciente de la magnitud un gesto que puede conllevar un enorme desgaste político para el presidente del Gobierno y que ahora la pelota está en su tejado. «Esperamos que sean capaces de plantear soluciones viables y no seguir con elementos de escapismo», dicen.

De momento, sus esperanzas cayeron ayer en saco roto. Al menos, si hay que atenerse a la literalidad de lo dicho en público, aunque en la Moncloa lo relativizan. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, se apresuró a interpretar la medida de gracia como el «reconocimiento del Gobierno de que las condenas fueron injustas» e instó a Sánchez a negociar «sin dilación» la autodeterminación y una ley de amnistía que exonere también a quienes como Carles Puigdemont huyeron para no hacer frente a los tribunales y otros ex cargos medios del Gobierno catalán que esperan sentencia en diversas causas relacionadas con el ‘procés’.

Desde la Moncloa se argumenta que ese tipo de declaraciones deben ser puestas en el contexto de la presión que sufre Esquerra por parte de los sectores más radicales y se quedan con la carta en la que Junqueras, líder de la formación, aseguró hace un par de semanas que la vía unilateral es «inviable e indeseable»; no con su posterior afirmación de que el indulto prueba la «debilidad» del Estado. De hecho, tildan de «literatura» y «charlatanería» las amenazas de volverlo «a hacer» de algunos de los indultados que, no obstante, han sido tenidas en cuenta a la hora de estipular la condicionalidad del perdón.

Lo cierto es que, aunque en el entorno de Sánchez presuman de que ningún recurso que pueda presentarse contra los indultos

tendrá la «mínima posibilidad» de prosperar, nadie niega que en el plano político la operación en la que se ha embarcado el jefe del Ejecutivo –en contra de todo lo que prometió durante la campaña electoral de las últimas generales y a pesar de los durísimos informes en contra tanto de la Fiscalía como del tribunal sentenciador– pueda acabar siendo un peligroso campo de minas.

La mesa, el siguiente paso

El siguiente paso, tras un encuentro bilateral con Pere Aragonès que podría llegar esta semana, será reunir la mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña, pero en la Moncloa dicen que tanto eso como la prometida reforma del Código Penal podrían quedar para después del verano. «Ellos también tendrán que hacer gestos», insisten.

Ahora toca cautela, aunque en el Gobierno aseguren tomar la medida convencidos. «Encontraremos dificultades en el camino, estoy seguro, pero creo que merece mucho la pena intentarlo. Por los españoles. Por todos los catalanes. Por nuestros hijos y nietos. Por la sociedad entera», esgrimió Sánchez apuntando al argumento de «utilidad pública» que exige la ley del indulto.

En el Gobierno sostienen que, pese a la posible inquietud, nadie en el Consejo de Ministros, tampoco los que se suponía con una posición más crítica, como la ministra de Defensa, Margarita Robles, puso pegas, según distintas fuentes. Aseguran que la reunión fue larga debido a las explicaciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, encargado de elaborar los nueve expedientes de una treintena de páginas cada uno en colaboración con la vicepresidenta Carmen Calvo y el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños (una intervención poco habitual que da cuenta de la relevancia política de la decisión). También, explican, porque casi todos los ministros quisieron hablar debido a la transcendencia «histórica» de la jornada . Solo tres del ala socialista no lo hicieron.