ZARAGOZA. La última medida aprobada por el Gobierno de Aragón para frenar los contagios en las residencias está generando una «enorme confusión» entre los trabajadores, según denunciaron ayer desde UGT. El Ejecutivo autonómico anunció a finales de la pasada semana que los empleados no vacunados tendrían que someterse en adelante a PCR cada 72 horas para probar que son negativos y evitar la propagación.

La sexta ola deja ya 37 brotes activos, más de un centenar de trabajadores y usuarios contagiados y once hospitalizados, de ahí que se haya optado por extremar las precauciones. El problema viene con la Orden publicada el pasado jueves, que no aclara si el coste de estas pruebas debe ser asumido por el trabajador, por la empresa o por el Gobierno de Aragón, en caso de que se trate de un centro de titularidad pública.

Los sindicatos consultados aseguraron que en las últimas horas el teléfono «no ha parado de sonar», ya que la medida «está ya en vigor». Por este motivo, la secretaria de Servicios Sociales de UGT, Angélica Mazo, remitió ayer una solicitud de aclaración a la gerencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) en la que insta a solucionar el problema «a la mayor brevedad» sin que sean los propios empleados «los que acaben asumiendo un pago económico por acudir a su puesto de trabajo».

Aunque la cobertura de vacunación entre los trabajadores de residencias ronda el 90%, desde UGT se insiste en que la medida afecta a «un colectivo importante». «Existe en este momento desconcierto entre trabajadores e incluso las propias empresas gestoras ante la realización de los test. Un trabajador no debe asumir de su propio salario las pruebas que se le exigen», dice el escrito. «Consideramos que existen diferentes vías de solución, como que se hagan a través de los servicios de prevención o del propio sistema público de forma gratuita», señala.

Desde el sindicato expresan, además, sus dudas de que el marco legal obligue al empleado a afrontar este coste adicional.

No obstante, fuentes del Gobierno de Aragón aclararon que son los trabajadores quienes se tendrán que hacer cargo del coste, ya que se entiende que –con las agendas abiertas para los mayores de 18 años– todos han tenido acceso a la vacuna contra la covid.