El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha rechazado el toque de queda que había ordenado la DGA en Huesca, Jaca, Barbastro y Monzón ante el incremento de contagios de coronavirus. El Gobierno autonómico, que primero pidió autorización y posteriormente emitió una orden, ha anunciado ya que planteará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La decisión, con un voto particular en el que uno de los tres magistrados entiende que sí que debía autorizarse la medida, supone otro revés jurídico para el Ejecutivo aragonés. Sea como fuere, el control judicial es parte esencial del sistema democrático y el fallo debe ser plenamente respetado y acatado

El Gobierno de Aragón, en una primera reacción al rechazo del TSJA a los toques de queda, ha señalado que «respeta la decisión judicial, si bien la considera inadecuada en la lucha contra la pandemia en este momento», reiterando que cualquier otra medida podría ser menos efectiva y mucho más perjudicial para la actividad económica. Por este motivo, el Ejecutivo planteará recurso ante el Supremo. No le falta razón a la DGA cuando señala que la limitación de movilidad en horario nocturno en los municipios altoaragoneses afectados es una medida necesaria y proporcionada en el contexto actual. El eje del problema no es ese, sino la ausencia de un marco legal que defina con claridad cómo y cuándo las comunidades pueden restringir derechos fundamentales de los ciudadanos.

En plena quinta ola, sexta ya en Aragón, es evidente la desconcertante disparidad de criterios judiciales que existe entre Comunidades. Llega ahora la fase en la que las decisiones de cada tribunal superior llegan al Supremo. A este le corresponde unificar criterios, ante la inacción del Gobierno central y el poder legislativo, que ha dejado todo en manos de las autonomías.