MADRID. Cumplidos los tres meses de transición desde que se reformara la ley para que las personas con discapacidad recuperaran el derecho a ejercer su «capacidad jurídica», el Tribunal Supremo dictó la semana pasada la primera sentencia en la que revoca las decisiones de tribunales anteriores para anular la «modificación de su capacidad» a una persona con trastorno de personalidad y de conducta. Se trata del caso de un hombre de 66 años de Oviedo al que los vecinos le denuncian ante la Fiscalía por acumular «trastos y alimentos que recogía de los cubos de la basura de la vía pública».