Todo empezó con Felipe González y Alfonso Guerra, y su célebre frase: «Montesquieu ha muerto», después de cambiar las leyes para elegir a los jueces, gracias a su mayoría absoluta. Desde entonces, hemos asistido a una obscena manipulación de los órganos judiciales por parte de los partidos políticos y el gobierno de turno, donde han primado los intereses de los gobernantes de todo tipo antes que los de la nación. El Gobierno del Sr. Aznar pudo, con su mayoría absoluta, revertir esta anómala situación, pero prefirió mirar a otro lado y seguir ‘pasteleando’ el tema judicial con los vascos del PNV y los catalanes de CIU, para controlar los procesos de corrupción existentes. Y, tras el terrible atentado de 2004, llegó Rodríguez Zapatero, que también siguió utilizando el poder judicial para favorecer sus perversos intereses políticos y dividir a los españoles, mediante leyes como la de memoria histórica y la de violencia de género. También llevó a cabo un vergonzoso pacto con ETA, con consecuencias poco éticas, en forma de privilegios y cargos públicos para los asesinos y sus cómplices. Y para ello utilizó a su antojo tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional. Tras el desastre político, social y económico de Zapatero, llegó al poder (2011) el PP, con Mariano Rajoy, con mayoría absoluta de 185 escaños. En su programa electoral se podía leer que los jueces serían los encargados de los nombramientos de los miembros del Constitucional, del Supremo y de la Audiencia Nacional. No lo cumplió y tampoco derogó otras leyes conflictivas de Zapatero. La situación de bloqueo actual es fruto de toda esa manipulación política, y Pablo Casado tiene razón en exigir que se cumplan las directrices de la Unión Europea, en lo referente a la independencia judicial. José Martín Escudero ZARAGOZA