MADRID. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del caso Villarejo, ha finalizado la instrucción de la pieza separada número 21 de la macrocausa: el llamado proyecto Wine. El magistrado propuso juzgar a los antiguos jefes de seguridad de Repsol, Rafael Araújo, y de Caixabank, Miguel Ángel Fernández Rancaño, y archivó el procedimiento a los exdirectivos investigados de ambas compañías por falta de indicios.

A finales de julio, el juez ya levantó la imputación en la causa del presidente de Repsol, Antonio Brufau, y de Isidro Fainé, expresidente de La Caixa, además de ambas mercantiles como personas jurídicas. No obstante, la confirmación del archivo está pendiente del recurso que la Fiscalía interpuso ante la Sala de lo Penal contra el auto del instructor.

En su resolución de ayer, García Castellón atribuye a los exjefes del Departamento de Seguridad y al subdirector de Servicios de Apoyo de la Dirección de Seguridad Corporativa de Repsol, Rafael Girona, un delito de cohecho activo. Al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a su socio, Rafael Redondo, dos delitos: cohecho pasivo y descubrimiento y revelación de secretos, mientras que al comisario jubilado Enrique García Castaño este último.

Del mismo modo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número seis acordó el sobreseimiento provisional para otros cuatro exdirectivos de Repsol y Caixabank. Concluye que «no existen elementos suficientes para atribuirles la comisión de los delitos investigados». En este grupo estaban los responsables de la petrolera Luis Suárez de Lezo, Juan de Amunátegui y Joaquín Uris, y el ex director general de medios de la entidad bancaria, Antonio Massanell.

El instructor explica que en el año 2011 el Grupo Cenyt, administrado por Villarejo y Redondo, elaboró una serie de informes de seguimiento sobre el presidente de Sacyr Luis del Rivero, su mujer, el jefe de seguridad de la constructora y el antiguo director financiero de Repsol. Estos trabajos se hicieron en un contexto delicado para Repsol, una vez que Sacyr y la petrolera mexicana Pemex habían pactado unir su fuerza accionarial y promover su asalto a la dirección.

En los informes de espionaje se constata que Cenyt accedió a información y llamadas telefónicas realizadas por Del Rivero y su entorno. Este hecho, prosigue el auto, constituyen datos de carácter reservado a los que no se tiene acceso por fuentes abiertas ni registros públicos. Por lo tanto, los indicios recabados señalan que el tráfico de llamadas y comunicaciones fue facilitado de forma irregular por Enrique García Castaño, entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía encargada de suministrar todo tipo de tecnología a las unidades investigadoras.

Amplios poderes

El Grupo Cenyt recibió por este contrato dinero salido de las arcas de Repsol y Caixabank. En total, 413.600 euros, de los que 218.900 corresponden a pagos de la petrolera y 194.700 a la entidad bancaria. El magistrado destaca que cuando se llevaron a cabo estos hechos Villarejo era comisario en activo y que no existía ninguna investigación policial en curso que justificase la solicitud de los tráficos de datos relativas a las personas investigadas por el Grupo Cenyt.