El Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza recibió ayer la solicitud por parte de la acción popular de citar como testigo a la exvicepresidenta Carmen Calvo por la entrada de Brahim Gali a España. Su exjefa de gabinete ya ha sido también llamada a declarar por el juez. La acción popular ambién solicita que se cite a la exjefa de gabinete de Interior.

ZARAGOZA. Antonio Urdiales, abogado de la acción popular, solicitó ayer al titular del Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, que cite como testigo a la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo en el caso Gali, que investiga la supuesta entrada irregular del líder del Frente Polisario en España el pasado 18 de abril.

«Hay que presumir que Carmen Calvo tenía serias sospechas y alertas de que Gali iba a ser introducido de forma clandestina en España y por eso acudió a su directora de gabinete», esgrime Antonio Urdiales.

Si el juez Rafael Lasala aceptara tomar declaración a la exvicepresidenta Carmen Calvo debería hacerlo en su despacho de diputada en el Congreso.

La petición es consecuencia del testimonio prestado por el diplomático aragonés Camilo Villarino, exjefe de gabinete de Asuntos Exteriores, quien reconoció que, tres días antes de la llegada de Brahim Gali, la exjefa de gabinete de la que fuera vicepresidenta, María Isabel Valldecabres le había comentado la posibilidad de su entrada en España, algo que él desconocía por completo.

Valldecabres es una jurista a la que la acusación particular, a cargo del abogado Juan Carlos Navarro, ha propuesto como testigo. Actualmente es la directora general de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre.

Como ayer adelantó HERALDO, el juez instructor ha aceptado también llamar a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya como investigada tras las manifestaciones que hizo

Villarino sobre su papel al frente de la llegada de Gali a la Base Aérea de Zaragoza.

Villarino manifestó que la exministra le confesó dos días antes de la llegada del líder del Frente Polisario que había recibido desde Argelia una petición para atender médicamente a Gali porque estaba gravemente enfermo de covid. El mismo 18 de abril le comunicó que se había decidido su traslado. El diplomático precisó que la exministra «no estaba sola» al tomar esa decisión.

Intervención policial

Por ese motivo, el letrado de la acción popular ha reclamado al juez que también llame a declarar como testigo a la exjefa de gabinete del Ministerio de Interior Susana Crisóstomo Sanz por la intervención que pudieron tener las fuerzas policiales en el control de la ambulancia que trasladó al saharaui desde la Base Aérea de Zaragoza hasta un hospital de Logroño. Aunque Camilo Villarino manifestó desconocer la participación de la Policía Nacional en ese traslado, admitió que cuando Gali llegó al centro hospitalario de Logroño «ya había policías nacionales esperándolo en la puerta». Lo que no pudo concretar es si la ambulancia había sido escoltada por la Policía desde Zaragoza.

Por ese motivo, el abogado Urdiales apunta que «lo lógico y normal es que el Ministerio del Interior estuviera al tanto de la operación, hecho sobre el que tendrán que deponer los correspondientes servicios de información, que hasta ahora solo han enviado tres expedientes administrativos sobre la residencia y nacionalidad de Gali».

El abogado señala en su escrito que la entrada debía realizarse con «discreción, sigilo y ocultación» ante su situación legal en la Audiencia Nacional como investigado por un presunto atentado (el juez Santiago Pedraz lo archivó tras tomarle declaración el 1 de junio).

En este sentido, la acción popular incide en que la decisión de la entrada de Gali a España pudo tomarla el «consejillo de ministros» y la exministra de Asuntos Exteriores coordinó la ejecución del plan con otros ministerios.