MADRID/ ZARAGOZA . La entrada clandestina del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, el pasado abril en España para tratarse de la covid-19 desencadenó la mayor crisis con Marruecos de la última década y ahora amenaza con salpicar al Gobierno.

El PP cree que las instrucciones de la operación del caso Gali venían «de más arriba» de la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, aunque no pronuncian el nombre del presidente Pedro

Sánchez, y consideran que con el cese de ella (el pasado 10 de julio) se buscaba «matar al mensajero».

Su portavoz parlamentaria, Cuca Gamara, exigió ayer saber «quién es el señor X» que dio las instrucciones a la exministra de Exteriores para facilitar la entrada «ilegal» de Gali y se le buscara un hospital en La Rioja, comunidad gobernada por el PSOE.

El grupo popular solicitó ya la comparecencia en el Parlamento del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y también del de

Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. «Estamos sin duda alguna ante un grave escándalo que tuvo consecuencias, que es una profunda crisis diplomática con Marruecos», apuntó Gamarra.

Apoyo del Gobierno a Laya

Por su parte, el Gobierno ofreció ayer su «absoluta colaboración» después de que el titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, haya citado como imputada a la exministra de Asuntos Exteriores

Arancha González Laya en relación con el caso Gali. «El Gobierno actúa siempre conforme a las premisas de legalidad», recalcó la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa ofrecida al término del Consejo de Ministros.

Rodríguez manifestó el «absoluto respeto a la Justicia» por parte del Gobierno así como «su absoluta colaboración con el deseo de que cuanto antes pueda estar resuelto» este caso.