ZARAGOZA. El Ayuntamiento de Zaragoza va a seguir adelante con la licitación del nuevo contrato de limpieza pública y recogida de basuras pese al recurso que el grupo municipal socialista presentó ante el Tribunal de Contratos (Tacpa) por posibles «deficiencias jurídicas». El gobierno PP-Cs considera que ya ha expirado el plazo de cinco días hábiles previsto para decretar o no la suspensión cautelar del proceso, y ahora esperará a que el organismo se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, en este caso, en los próximos dos meses.

«El plazo terminó el 17 de septiembre y no se ha recibido ninguna respuesta, por lo que entendemos que las cautelares han sido desestimadas», explicó ayer la concejal de Servicios Públicos, Natalia Chueca, en la comisión del área. «No tenemos el deber de suspender la licitación, que sigue adelante», confirmó la edil, que incluso puso en duda un pronunciamiento posterior por parte del Tacpa. «Si más adelante se dicta una resolución extemporánea tendríamos que analizarla jurídicamente por si es recurrible», avisó.

En cualquier caso, fuentes conocedoras del caso consultadas por este periódico apuntan que la normativa establece que el plazo de cinco días empieza a contar desde que el recurso es admitido a trámite, pero ni el Gobierno de Aragón ni el propio Tacpa aclararon cuándo se dio ese paso, ni siquiera si se llegó a dar.

El proceso, además, arroja más dudas, como la posible inhibición de la presidenta del Tribunal de Contratos, cuyo marido fue redactor de los pliegos recurridos. Y todo ello, con una de las tres plazas del Tacpa vacante, lo que podría bloquear la toma de decisiones de un órgano colegiado.

En este sentido, la DGA ya ha convocado el concurso de libre designación, del nivel 30 y con un complemento específico de 25.638 euros, para completar la plantilla del Tribunal. Los requisitos para acceder al puesto son ser licenciado en Derecho, funcionario del nivel A1 y tener diez años de experiencia en la rama del Derecho Administrativo. La orden fue firmada el 1 de septiembre.

Alegaciones del Ayuntamiento

Al margen de estas cuestiones, la concejal Natalia Chueca desveló ayer que el Ayuntamiento presentó la semana pasada toda la documentación del proceso de contratación y sus alegaciones al recurso. Entre las principales «dudas» que encontró el PSOE en la licitación se encuentra la decisión de no dividir en lotes un contrato de 743 millones de euros en diez años, una medida que según la normativa europea se debe justificar convenientemente.

El recurso socialista ha causado gran malestar en el comité de empresa de la actual concesionaria, FCC. Los sindicatos consideran que una división por lotes afectaría a la calidad del servicio y a las condiciones laborales de los trabajadores.