TERUEL. La escasez de viviendas de alquiler en el medio rural ha disparado las solicitudes de los ayuntamientos al programa de ayudas de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) para la compra de casas destinadas a su rehabilitación para el arrendamiento. El importe de las peticiones acumuladas en la convocatoria de 2021 triplica la financiación disponible. Frente a un presupuesto de un millón de euros para este plan, se han recibido demandas que suman 3,3 millones de subvención.

Las 119 solicitudes acumuladas suponen que la mitad de los municipios de la provincia ha optado a las ayudas, pero los fondos de la convocatoria solo puede atender 34 peticiones. Ante la avalancha de solicitudes, el diputado diputado de Agricultura y Ganadería, Antonio Pérez, anunció ayer la ampliación de la consignación asignadas mediante una modificación presupuestaria hasta atender «todas las necesidades planteadas».

La falta de viviendas, sobre todo de alquiler, se ha convertido en uno de los principales inconvenientes de los pueblos para atraer nuevos pobladores, incluso disponiendo de ofertas de trabajo. Ante esta escasez, agravada con la llegada de familias que, con la pandemia, recurren al teletrabajo, los ayuntamientos han visto en la línea de ayudas de la DPT una oportunidad.

Las 119 solicitudes presentadas pondrán en el mercado más de un centenar de viviendas de alquiler social con una inversión total de seis millones de euros. Las subvenciones de la DPT cubren, como máximo, el 80% de la inversión con un tope máximo de 36.000 euros por vivienda –corresponde a municipios con menos de 250 habitantes–. Las ayudas priman a los municipios más pequeños con más porcentaje de subvención sobre el coste total y con una ayuda por cada vivienda superior.

Pérez explicó que la gran acogida que el programa ha tenido en la provincia responde a «una demanda de vivienda importante en los pueblos por parte de familias que quieren ir a trabajar pero que no encuentran oferta de alquiler de particulares». Apuntó una segunda razón, la existencia de casas ruinosas en los pueblos que los ayuntamientos aprovechan para comprar con el objeto de sanear el casco urbano y habilitar solares para nuevas viviendas o para «fines sociales».

El diputado señaló que la DPT dispone de fondos para cubrir las solicitudes que no podrán ser atendidas con la dotación inicial del programa y por eso complementará el presupuesto original hasta triplicarlo. Mientras que las primeras 34 peticiones, cubiertas con el primer millón, deberán justificar la inversión antes de terminar el año, las que se costearán con cargo a la modificación presupuestaria dispondrán hasta noviembre de 2022 para ejecutar las obras. Antonio Pérez adelanta que, visto el interés existente, la convocatoria se repetirá en 2022.

Uno de los ayuntamientos que ha solicitado ayudas es el de Tramacastiel. El alcalde, Sebastián Alegre, explicó que ha pedido ayuda a la DPT para acondicionar una vivienda de alquiler. Añadió

que personas que no descienden de la localidad han manifestado su voluntad de instalarse pero no encuentran casas en arrendamiento, una carencia que el Consistorio pretende cubrir.

Cs se felicitó de que el equipo de gobierno PSOE-PAR aceptará la propuesta de los liberales para ampliar hasta municipios de 5.000 habitantes –lo que supone la totalidad de las localidades, salvo Teruel, Alcañiz y Andorra– los que pueden pedir las ayudas para acondicionar viviendas.

Al valorar las solicitudes, la DPT prima las que corresponden a la rehabilitación de viviendas para el alquiler frente a la compra de solares. El porcentaje de ayuda máxima es del 70% en el caso de pueblos de entre 251 y 500 habitantes y del 60% para poblaciones con censos de entre 501 y 5.000 habitantes.