ZARAGOZA. Con medio centenar de empleados y un presupuesto de 17,6 millones de euros comenzó Aragón su andadura como Comunidad Autónoma, un largo cambio que en los últimos cuarenta años le ha permitido alcanzar altas cotas de autogobierno. Acompasado con el desarrollo del Estatuto de Autonomía, el Ejecutivo regional ha ido sumando competencias hasta gestionar en la actualidad una plantilla de 56.000 trabajadores y 7.400 millones de presupuesto. La prestación de la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales, los pilares del Estado del Bienestar, concentran el gasto e implican un sobrecoste en un Aragón envejecido y despoblado que espera una justa compensación del Gobierno que aún no ha llegado. Cuatro décadas después de la aprobación del Estatuto, la mejora de la financiación y la relación bilateral entre Aragón y el Estado son las asignaturas pendientes. Así lo consideran PSOE, PP, Cs, Vox y el PAR, que abogan por desarrollar al máximo la norma básica que se reformó en 1994, 1996 y 2007. Solo Podemos, CHA e IU se muestran partidarios de emprender nuevos cambios para ampliar el autogobierno y mejorar el texto en materia de igualdad y en la lucha contra el cambio climático y la violencia de género.

Hay en la actualidad una modificación en marcha, pendiente de aprobación en las Cortes Generales, que permitirá eliminar los aforamientos de los diputados y los miembros del Gobierno y garantizará un mínimo de 14 escaños por provincia en el Parlamento. Salió adelante con consenso.

No aspira a más reformas a corto plazo el presidente de la DGA, Javier Lambán, que defiende que el Estatuto de Autonomía debe tener «vocación de permanencia». Considera que la modificación que se aprobó en 2007 fue en realidad un «nuevo Estatuto» que situó a la Comunidad «en un nivel competencial similar al de las regiones más avanzadas». Aboga por profundizar en algunos artículos referidos a la financiación autonómica, a exigir que en los presupuestos del Estado se reflejen las inversiones de Aragón teniendo en cuenta «nuestras singularidades territoriales y demográficas» y a «hacer realidad» el artículo 108, para suscribir un acuerdo bilateral Aragón-Estado.

Corregir los desequilibrios

Recuerda el secretario general del PSOE-Aragón que el Estatuto mandata al Gobierno a «corregir los desequilibrios territoriales y a disponer de una sanidad, servicios sociales y educación en condiciones de igualdad y calidad para todos, cualquiera que sea su lugar de residencia», y asegura que es lo que ha hecho desde que asumió la presidencia en el año 2015.

Tampoco es partidario de modificar el Estatuto el presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, que aboga por hacer solo las reformas «estrictamente necesarias» y siempre «con un objetivo muy claro y determinado». Lo importante, a su juicio, es que «se cumplan y respeten los preceptos y fines del Estatuto» y que despliegue «con toda eficacia» las competencias. De la norma actual, destaca la reserva hídrica del Ebro para «no poner en riesgo la riqueza del territorio» y reivindica la comisión bilateral y el artículo 108, «olvidados por los actuales gobiernos de la nación y autonómico».

Define el coordinador de Ciudadanos en Aragón, Daniel Pérez Calvo, el Estatuto como «la fuerza jurídica, emocional e histórica que nos ha permitido avanzar hacia el autogobierno en el marco de la Constitución». Coincide en la necesidad de garantizar «la igualdad entre los territorios» y una mejor financiación.

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, defiende que «aún no se han desplegado totalmente» las potencialidades, especialmente en lo relativo a las relaciones bilaterales Aragón-Estado, y hace hincapié en incidir en ello.

Santiago Morón, portavoz de Vox en las Cortes, se limita a poner en valor el amplio consenso alcanzado en la última reforma, que «puede mejorar la confianza de los aragoneses en las instituciones democráticas».

Solo Podemos, CHA e IU, cada uno a su manera y con distinta intensidad, apuestan por una reforma de amplio espectro. En el caso de Maru Díaz, coordinadora de Podemos Aragón, lo hace porque el Estatuto, al ser «hijo de su tiempo», tiene «deficiencias en materia de igualdad y violencia machista» en las que cabría profundizar. Insiste, no obstante, en que más que hablar de reforma hay que «garantizar su cumplimiento».

Es Joaquín Palacín, presidente de CHA, quien defiende con mayor ahínco una reforma que permita lograr más autogobierno y una mejor financiación. Recuerda que no se han completado las transferencias y que quedaron fuera aspectos relevantes para garantizar el «auténtico poder político y económico aragonés». Insiste en que se garanticen las inversiones del Estado, «el reconocimiento de nuestras lenguas» y se avance en la comisión bilateral.

Álvaro Sanz, coordinador de IU Aragón, estima que hay que avanzar en el autogobierno y hacia una España «plurinacional y diversa», y pide que se incluyan cuestiones como el cambio climático. Se suma a la petición de insistir en el desarrollo del Estatuto vigente.

En los últimos 15 años, solo se ha asumido una decena de competencias. Si llegan más «serán bien recibidas si vienen bien financiadas», acota Lambán. Porque los caballos de batalla son, y seguirán siéndolo en el futuro, la mejora de la financiación y la comisión bilateral Aragón-Estado.