ZARAGOZA. Nunca renunció Aragón a su identidad histórica. En cuanto la Constitución española garantizó y reconoció en su artículo 2 el «derecho de autonomía a las nacionalidades y regiones que la integran», se reactivó la vocación autonomista que desde inicios del siglo XX se venía gestando. A punto estuvo, en 1936, de debatirse en las Cortes Generales el Estatuto de Caspe, que no se tramitó por el estallido de la Guerra Civil. En plena Transición, y tras la designación el 9 de abril de 1978 en la iglesia de San Pedro de los Francos (Calatayud) de los miembros del Gobierno preautonómico que presidió Juan Antonio Bolea (UCD), el proceso se aceleró. Salieron a la calle más de 150.000 aragoneses el 23 de abril para reivindicar su vocación autonomista. Acogieron con júbilo el izado de la cuatribarrada junto al monumento del Justicia. Se prendió una llama que no se pudo apagar.

La elección de la vía por la que Aragón debía acceder a la autonomía causó grandes quebraderos de cabeza. Pareció, al menos de inicio, que se decantaría por la vía rápida, la del artículo 151 de la Constitución española, que requería que un 75% de los municipios la respaldara. En febrero de 1980, en una reunión en Montalbán auspiciada por dirigentes de UCD, 180 alcaldes que exigían que Teruel tuviera la misma representación en las Cortes que Zaragoza se inclinaron por el artículo 143 y obligaron a Aragón a llegar al autogobierno por la vía lenta.

La intentona golpista del teniente coronel Antonio Tejero el 21 de febrero de 1981 precipitó del proceso. El 13 de junio se constituyó en San Juan de la Peña la Asamblea mixta de parlamentarios y diputados provinciales y se aprobó el 6 de julio, en la Diputación Provincial de Zaragoza y tras 24 horas de debate, el texto que se iba a remitir a las Cortes Generales. Cuando León Buil levantó la sesión, José Luis Merino (UCD), Santiago Marraco (PSOE), Luis Martínez (PCE) y Manuel García Amigó (AP) manifestaron que estaban satisfechos con el resultado.

Pero aún debía lograr el plácet de las Cortes Generales. Y en Madrid se tomaban las cosas con calma. Tal fue así que pasó casi un año antes de que se debatiera en el Congreso. El 15 de junio de 1982 se aprobó con 251 votos a favor y 21 abstenciones, las de UCD, para mostrar su disconformidad con el reparto de la futura representación provincial en las Cortes de Aragón. Continuó el debate en el Senado el 26 de julio, aunque se aprobó sin cambios y el 10 de agosto el rey Juan Carlos I lo sancionó.

Cuando entro en vigor en 1982, Aragón se convirtió en la décima autonomía en aprobar su norma básica, tres años después de Cataluña y el País Vasco, y con menos competencias que Galicia, Andalucía, Valencia y Canarias.

El respeto a la ley, la libertad, la justicia y los valores democráticos han de regir, desde entonces, la actuación de las instituciones de autogobierno de Aragón. Así figura en el Estatuto de Autonomía, la norma básica que recoge los derechos y obligaciones de los aragoneses y permite a la Comunidad asumir las riendas de su destino, respetando la Constitución.

Echó a andar la autonomía aragonesa, en la que todo estaba por hacer. Con apenas medio centenar de funcionarios, Antonio Embid, presidente de las Cortes, preparaba las leyes que regulaban el funcionamiento de la Comunidad y Santiago Marraco, al frente del Gobierno, intentaba que se aprobaran y se ejecutaran. Un paso después de otro. En una tarea harto complicada.

La primera reforma del Estatuto llegó en 1994, y se limitó a aplicar en Aragón las competencias que habían pactado PSOE y PP en 1992. No satisfacían las exigencias de los aragoneses, que volvieron a salir a la calle el 23 de abril, en una manifestación que secundaron 150.000 personas, y protestaron el 15 de noviembre de 1992 en Madrid para exigir autonomía plena.

Pronto se fue fraguando la reforma del estatuto, la de 1996, en la que se cambió la designación «identidad histórica» por «nacionalidad», y Aragón se empezó a equiparar, en el ámbito competencial, con las que apostaron por el 151.

En 2007, hace quince años, los avances continuaron. Fue una apuesta arriesgada en la que se lindaba con la invasión de competencias estatales, pero sin llegar a vulnerarlas. Tan fino hilaron los ‘padres’ de la reforma que lograron sacar adelante la reserva hídrica del Ebro e incluso la posibilidad de someter a referéndum futuras reformas del Estatuto.

Está pendiente ahora la última reforma de la norma básica. Permitirá eliminar los aforamientos de los diputados y de los miembros del Gobierno. Se garantizarán, además, un mínimo de 14 escaños para cada provincia aragonesa en el Parlamento con independencia de la población. La reforma está en las Cortes Generales a la espera de tramitación. No se someterá a referéndum, aunque se podría, si así lo quisieran las Cortes; lo que constata el nivel alcanzado de autogobierno.