El Consejo de Gobierno aprobó el 6 de julio el proyecto de la nueva ley de tasas y precios públicos, que sustituirá una norma de 1988. El artículo 6 prevé la «unidad de caja» y que todo el dinero que se reciba por estos conceptos se ingrese en la Tesorería de la Junta para satisfacer los gastos generales. Una disposición adicional introducida a última hora reconoce la excepción de la Alhambra.

GRANADA. El Gobierno andaluz remitió el pasado 6 de julio al Parlamento el proyecto de la ley de tasas y precios públicos para actualizar una norma que data del año 1988, la más antigua de España en este ámbito. La nueva ley pretende simplificar tasas y suprime aquellas que gravan servicios ya inexistentes. Contado así parece algo sin aristas, pero de fondo hay un asunto controvertido que se ha resuelto al límite.

El artículo 6 del proyecto establece el principio de «unidad de caja». Esto implica que la recaudación de las tasas y precios públicos se ingresará directamente en la Tesorería General de la Junta de Andalucía y los ingresos obtenidos se destinarán a «satisfacer el conjunto de gastos generales de la comunidad». En la práctica, y traducido al debate político granadino, esto suponía que el dinero de las entradas de la Alhambra se fuera a Sevilla.

La Consejería de Hacienda defendía internamente que no era más que una cuestión técnica y que, cada año, el presupuesto del patronato alhambreño quedaría recogido en las cuentas andaluzas. Pero, formalmente, dejaba en entredicho el discurso que el PP ha mantenido durante tanto tiempo y predisponía un conflicto ciudadano. Hay un precedente cercano con el cambio de la contabilidad del Parque de las Ciencias, que provocó el abrazo al museo.

Estrategia electoral

Delegar la gestión de la Alhambra en las instituciones granadinas ha sido un mantra en las campañas del PP en la última década. Empezó en 2010, a raíz del intento de integrar el monumento dentro de una agencia cultural genérica que le restara protagonismo. «La Junta se ha lanzado al saqueo de Granada», dijo el entonces presidente provincial, Sebastián Pérez. Javier Arenas se comprometió a dejar el control del Patronato en manos del Ayuntamiento y la Diputación: «La Alhambra vive de espaldas a la ciudad y eso tiene que cambiar». Se colocaron vallas para reclamar que el dinero de las entradas se invirtiera en el Albaicín y especialmente beligerante fue el gobierno municipal en la etapa de José Torres Hurtado. El propio Juanma Moreno asumió estas reivindicaciones y, en su última campaña, se comprometió a «devolver a los granadinos» la participación en la gestión y en los ingresos de la Alhambra y Sierra Nevada si se convertía en presidente de la Junta. Recientemente, a raíz de la nueva legislación sobre el patrimonio que prepara el Gobierno central, el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, defendió la autonomía de las administraciones andaluzas sobre determinados monumentos frente a Madrid: «No vamos a permitir que nos quiten a los andaluces la gestión de monumentos como la Alhambra, los Dólmenes de Antequera o Media Azahara».

Este discurso no concuerda con lo planteado inicialmente en la futura Ley de Tasas.

Reacción

El artículo 6 puso en alerta al Patronato de la Alhambra, que presentó alegaciones al entender que debía contemplarse una «excepción» por sus «especiales características». El argumento es que se trata de un servicio «autofinanciado» y que el monumento se gestiona, básicamente, con el dinero de las entradas. Hasta el punto de generar remanentes, que han sido empleados en inversiones para reactivar la economía por la crisis de la covid. Las alegaciones fueron rechazadas pero el Consejo Consultivo sostiene en su informe que la «valoración es excesivamente genérica» y era el Gobierno andaluz quien debía decidir si el proyecto de ley debía contemplar «excepciones puntuales».

El desenlace se produjo el mismo martes 6 de julio, cuando el texto llegó a la reunión en el Palacio de San Telmo. La intervención de la consejera granadina Marifrán Carazo fue determinante para evitar un problema con «voluntad política». Se incluyó en el texto la disposición adicional tercera, relativa expresamente a las tasas y precios públicos del Patronato de la Alhambra. Todos sus ingresos se incluirán como propios en el presupuesto de la Junta, con el «objetivo de financiar la completa cobertura de las necesidades de inversión y gasto» del monumento.

Todo seguirá tal cual está. El avance es que la autonomía de la caja de la Alhambra quedará garantizada por ley y si algún gobierno posterior quisiera llevarla a Sevilla tendría que modificar la norma.

El Patronato presentó alegaciones por sus «especiales características» y tratarse de un servicio «autofinanciado»