SEVILLA. El Gobierno andaluz culminó en la semana que acaba de terminar uno de los objetivos que se había fijado al inicio de su mandato: desbrozar el bosque de entes instrumentales sembrado en la administración durante las cuatro décadas de gobiernos socialistas. Lo ha hecho a través de una auditoría operativa contratada mediante una licitación abierta dividida en lotes de las que resultaron adjudicatarias seis empresas y grupos de empresas entre las que se incluyeron algunos de los operadores más prestigiosos del sector. Esta semana se han conocido los resultados.

El informe a partir de estos elaborado por la Junta y que se convertirá en una herramienta para la reforma del sector público que los partidos del gobierno autonómico pretenden impulsar, señala que se ha constatado que a lo largo de las últimas décadas la Junta de Andalucía desarrolló una «superestructura administrativa paralela» que provocó solapamientos funcionales que «han llegado a sedimentar y que, a día de hoy, dificultan el cumplimiento de los propios fines de la Administración».

También matiza que la auditoría contiene opiniones, indicaciones y recomendaciones de auditores privados y, por tanto, deben someterse al análisis exhaustivo por parte de las Consejerías de adscripción de los entes analizados.

Las conclusiones elaboradas por la Junta a partir del resultado de las auditorías señala que el objetivo era disponer de un primer diagnóstico técnico que permitiera identificar los fallos estructurales del Sector Público Instrumental, así como sus ventajas, en cuanto a la posible agilidad de algunos procedimientos o la prestación de servicios básicos esenciales.

El líder del PSOE, Juan Espadas, ha cuestionado la naturaleza de este informe, al que ha calificado como «el resultado de un encargo a demanda» del que han salido unas conclusiones «de control político, claramente sesgadas y de parte» .

El Sector Público Instrumental Andaluz consta de 92 entidades: 10 agencias administrativas, 18 agencias públicas empresariales, tres de régimen especial, 16 consorcios, 23 fundaciones y 22 sociedades mercantiles. Sin embargo sólo se analizaron 54 de ellas, entre las que figuran 18 fundaciones, 16 sociedades mercantiles, 18 agencias públicas empresariales y dos agencias de régimen especial (el Servicio Andaluz de Empleo y la Agencia de gestión agraria y pesquera (AGAPA). Quedaron fuera las que están en proceso de disolución o inactivas.

Según las conclusiones presentadas, aparecieron duplicidades de funciones y competencias tanto entre algunos entes entre sí como entre estos y las consejerías de las que dependen e incluso con consejerías ajenas.

Otro de los puntos que destacan en el estudio son las deficiencias en la gestión de algunas de las entidades, así como, en algunos casos, mala organización en la gestión de bienes y activos.

Uno de los casos de mala gestión que se destaca es el del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que sólo gestiona el 3% de las contrataciones en Andalucía.

Asimismo, se menciona lo que el Ejecutivo andaluz describe como caos organizativo en el área de recursos humanos. El personal de estos entes se rige por 66 convenios colectivos distintos, de los que 43 son propios y 23, sectoriales.

Entre este desorden administrativo, se destacan los sueldos por encima de la media del mercado en varios de los entes analizados, como en la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

Retribuciones superiores

Otro ejemplo aparece en la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), donde el personal laboral recibe retribuciones superiores a las que corresponderían a funcionarios, con pluses que no responden a una base directamente vinculada por el desempeño laboral.

Entre las irregularidades que el informe destaca en el plano laboral, se subraya como especialmente llamativo el del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que pese a su ineficacia, ya que realizaba una media de 12 ofertas de empleo por cada 1.000 demandantes, «sí ha servido para resolver el horizonte laboral de todos los ex trabajadores de la Faffe (la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo); de los ex UTEDLT (al menos 337 de sus empleados, el 55%, han sido incorporados tras sentencias firmes de anulación de despido); el personal de las escuelas consorcio (con irregularidades detectadas por los auditores en las de Benalmádena y La Cónsula).

Los auditores han advertido de que las tablas salariales del Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio-CIOMijas no provienen de convenio o acuerdo colectivo y que pueden considerarse nulas por carecer de informe previo.