El rey emérito, Juan Carlos I, se ausentó hace un año de España y lleva casi todo ese tiempo viviendo en Emiratos Árabes Unidos, mientras la justicia investiga distintas causas abiertas contra él por presuntas irregularidades. Transcurrido este tiempo, la monarquía sigue asentada por la credibilidad personal de su actual titular, Felipe VI, quien se ha distanciado por completo de su padre y ha encarado una situación tremendamente complicada desde la ejemplaridad, el esfuerzo y la transparencia al frente de una institución, la monarquía parlamentaria, que es la forma política del Estado consagrada en la Constitución. Hubiese sido deseable y más consecuente con el trascendental papel ejercido por Juan Carlos I en el restablecimiento de la democracia que ninguna irregularidad desengañara la confianza depositada por la inmensa mayoría de los ciudadanos en su figura. Pero la monarquía y la jefatura del Estado están encarnadas hoy en la persona de Felipe VI, quien asegura su continuidad institucional con arreglo a la ley, que constituye, ante todo, un mandato moral. Si las circunstancias del rey emérito pusieron a prueba la legitimidad social de la monarquía, esta crisis se ha superado por la gestión de Felipe VI, su firmeza a la hora de separarse de su progenitor y su decisión de tomar medidas sin precedentes para salvar la reputación de la institución que representa desde 2014, tras la abdicación de su padre. La Corona gozaba de buena imagen entre la opinión pública española, especialmente, debido al papel protagonista de don Juan Carlos durante la Transición. Este legado es el que preserva el actual Monarca con decisiones acordes a la sociedad española del siglo XXI: abriendo la institución y adoptando medidas de salvaguarda como poner la Corona bajo la lupa del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desde el inicio de su reinado, hace siete años. Fue entonces cuando prometió una institución más abierta porque, en sus propias palabras, «la Corona debe buscar la cercanía con los ciudadanos, saber ganarse continuamente su aprecio, su respeto y su confianza; y para ello, velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social». Desde 2014, Felipe VI se ha centrado en conseguir esos objetivos con la puesta al día de la Casa Real, su fiscalización y el sometimiento a auditorías de una institución que, como recoge la Constitución, es símbolo de unidad, de moderación y asume la más alta representación del Estado.