La existencia en este “valle de lágrimas” se justifica por la laboriosidad, la entrega, el bien hacer, etc., pues todo ello contribuye a que la problemática de la sociedad sea resuelta con rapidez, con diligencia, con eficacia, con eficiencia, alcanzando el máximo bienestar para la ciudadanía. Y es que el trabajo propio redunda en los demás pues, por ejemplo, salvo artistas y propietarios que no pongan al servicio de sus congéneres, como debieran hacerlo, los resultados de su creatividad y patrimonio; su resultado debiera beneficiar; o perjudicar si son unos “chapuzas”, unos irresponsables, o gentes sin escrúpulo; a sus semejantes, al resolverles las necesidades, las inquietudes, las aspiraciones, los deseos, que tuvieren.

Por ello la educación amplia, profunda y concienzuda, es fundamental que la ostente y presida en cada una de las personas, lo que implicará empatía y, por ello, una mejor comprensión con la “clientela”, “los jefes”, es decir, los destinatarios de los quehaceres profesionales.

Pues, bien, cuando además, los recursos, los medios, que hayan de utilizarse para el cumplimiento de una actividad son públicos; financiados con el importe de la recaudación impositiva; muy especialmente los humanos; los empleados públicos, más si cabe, deben cumplir con el máximo celo posible el prudente, sereno, ilustrado, flexible, transparente, diligente, ejercicio de sus competencias, lo que exige un concienzudo y actualizado bagaje de conocimientos y una personalidad madura, responsable, justa, equilibrada.

Y es que cualquier retraso en el cumplimiento de los deberes profesionales de naturaleza pública implica demoras en la utilización de un bien, en la disponibilidad de las prestaciones que conlleva, en la solución de las carencias del administrado, etc. Lo que pudiera además suponer a tardanza en el comienzo de una actividad económicoempresarial y, consecuentemente, en la contratación de personal, en el alta de cotizantes a la Seguridad Social, en el abono del Impuesto sobre Actividades Económicas,entre otros tributos de los municipios, en el coste de financiación de los préstamos de titularidad privada, etc.

Así, Las licencias urbanísticas “abarcando la actividad de construcción, edificación y otros actos de uso del suelo” habrían de ser otorgadas con la máxima premura, pues la puesta en marcha legal de los inmuebles que la precisan son de elevadísimo coste y ofrecen oportunidades de disfrute y de desenvolvimiento empresarial, de gran importancia para sus propietarios y para la economía del ámbito municipal.

Y como tales autorizaciones públicas; y hasta que la Inteligencia Artificial y el Blockchain “no digan otra cosa”; están condicionadas en su tramitación y resolución, al buen hacer de los técnicos informantes y de los Consistorios que aprueban las Ordenanzas Municipales “ad hoc”, como del alcalde y del concejal delegado de Urbanismo, que tienen la obligación de que sean realistas, aplicables, “amigables” y que arbitren cuantas medidas de control y seguimiento respecto a la tramitación de sus correspondientes expedientes administrativos en los reglamentos internos sobre estos particulares; de forma y manera que el contribuyente, el votante, el creador de empleo y riqueza para todos, estén atendidos con rapidez por aquellos empleados públicos y