El instructor rechaza que la causa esté caducada y pide ampliar diligencias a la Guardia Civil

El juez de refuerzo de Instrucción 6 de Sevilla competente en la instrucción de las macrocausas, José Ignacio Vilaplana, ha emitido auto por el que pide la práctica de nuevas diligencias y prorroga otros seis meses el plazo de la instrucción sobre la pieza del caso ERE referida al Grupo Joly. En el auto, al que ha tenido acceso ABC, solicita a la Guardia Civil la ampliación de atestados y cita a declarar a cuatro nuevos investigados.

El Juzgado admite así el contenido del informe de la Fiscalía del 14 de julio en el que propone la ampliación del plazo de instrucción y la práctica de nuevas diligencias frente al recurso presentado por las defensas de los investigados José Joly, presidente del grupo editor, y Daniel Alberto Rivera, exdirector de Trabajo, que se oponían a dicha prórroga alegando que la pieza estaría caducada. El juez descarta este extremo y recuerda la vigencia del auto de 17 de julio de 2019 en el que ya se acordaba ampliar el plazo de instrucción de la causa durante 18 meses adicionales.

Vilaplana fundamenta esta nueva ampliación de seis meses para la instrucción «a la vista de la especial naturaleza de los hechos delictivos» y justifica que no se hayan practicado antes las diligencias ahora en curso debido a la «complejidad de la investigación y la grave carga jurisdiccional» que pesa sobre el juzgado, «pese a la decidida voluntad por parte del Juzgado de conseguir la mayor agilidad y eficacia de las macrocausas».

Ayudas por ocho millones

Esta es una de las piezas separadas de la macrocausa de los ERE que investiga la adjudicación y pago de ayudas concedidas en 2004 por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a empresas integradas en el Grupo Joly, a través de la denominada ‘Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz’ por un importe superior a los ocho millones de euros para el pago de un seguro de prejubilación de 36 trabajadores de distintas empresas del grupo editorial. Según los informes de la Fiscalía, estas ayudas se habrían llevado a cabo «de forma ilícita y fraudulenta, prescindiendo de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello», un extremo, recoge los antecedentes de hecho del nuevo auto judicial, que también se deduce del informe de los peritos de la Intervención general de la Administración del Estado. Para el abono de estas ayudas se firmó un convenio que especificaba cómo la financiación de los fondos se realiza a cuenta de la «Transferencia de Financiación» del programa 31-L «concepto presupuestario inadecuado para la concepción de subvenciones», según consta en la instrucción del caso.

En el referido convenio se especifica que la documentación acreditativa de la operación obraba en poder de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social así como su conformidad. Sin embargo, no existe en el expediente «ninguna documentación que muestre el mínimo cumplimiento de las normas que regulan la concesión de subvenciones», cita el antecedente.

Otro de los ámbitos objeto de investigación es la utilización del denominado sistema de «pagos cruzados», una «irregular figura» que provoca entre otros efectos contrarios a la disciplina administrativa y financiera aplicable , la carencia de control de las ayudas, dado que los abonos así realizados no tienen reflejo contable alguno ni en la contabilidad de la Agencia IDEA ni en la Junta de Andalucía.

El juez investiga por todo ello la posible perpetración de delitos de prevaricación Administrativa y malversación.

Ampliación de atestados

Entre las nuevas medidas adoptadas por el Juzgado se incluye la citación en calidad de investigados de los abogados José Miguel Caballero y Juan Vaz Calderón así como las de Rafael Crespo y Juan Carlos Narvaez, como representantes de la aseguradora La Estrella y del sindicato CC OO, respectivamente. Los cuatro son citados a declarar el 27 de octubre.

Asimismo, el juez pide librar oficio a la aseguradora Generali requiriendo copia e información completa de siete pólizas entre cuyos tomadores se encuentran Diario de Cádiz S.L, Ediciones Europa Sur S.L, Federico Joly y CIA S.A, Industrias Gráficas Gaditanas S.L, Diario de Jerez S.A. y Joldis S.A.

En cuanto a la ampliación de atestado a la Guardia Civil, se libra oficio para que recabe y aporte el acta previa del 7 de mayo de 2004 a la que se refiere el Plan Social, así como las notas manuscritas que un testigo refirió en su declaración ante el juez.