Las noticias sobre la función pública se acumulan en las últimas semanas, todas en la misma dirección, la última de ayer mismo: «El Gobierno lanza la mayor oferta de empleo público de la historia», titulaba El País. Una convocatoria de 30.445 plazas, que representa un 8,5% más que el año anterior y eleva hasta los 109.718 los puestos ofertados desde 2018. Poco antes vino el ‘Icetazo’, la promesa de reconvertir en funcionarios de carrera a los interinos que lleven diez años en su puesto, una medida de dudosa legalidad que ha encontrado reparos en los sindicatos y que además sirve para poner de manifiesto el mal funcionamiento de una administración que durante más de una década consiente que una plaza esté cubierta por un empleado que no ha accedido a la misma por idéntica vía que los demás. Con el inicio de julio conocimos el informe del Ministerio de Hacienda sobre empleados públicos, en el que pudimos constatar que la Comunitat Valenciana cuenta hoy con más funcionarios que en 2015, el año que el Consell del Botànic comenzó a gobernar. Un total de 256.087 funcionarios públicos, de los que 162.073 pertenecen a la administración autonómica, 59.114 a la local y 34.900 a la central. Seis años atrás, eran 225.675, de los que 136.509 pertenecían a la administración autonómica. Situación que en los próximos meses va a ir a más si pensamos en los trabajadores del hospital de Torrevieja y en su reversión en marcha, que se suma a la ya ejecutada en Alzira. El porcentaje de familias que dependen de un sueldo público, bien sea el de un funcionario, un pensionista o un desempleado, crece sin parar, de tal manera que ya hay más asalariados que cobran del Estado –en las diferentes modalidades antes mencionadas– que los que lo hacen del sector privado. Y todo ello con la ya conocida perspectiva a corto y medio plazo de la jubilación de los ‘babyboomers’, que añadirá una pesada carga a las ya de por sí deficitarias cuentas de la Seguridad Social. Con una economía a la expectativa de la evolución del Covid, con sectores generadores de empleo (aunque sea de baja calidad) como el turístico que se han visto golpeados y amenazados por la crisis, con gobiernos en la Moncloa y en el palau de la Generalitat que ven en lo privado un bulto sospechoso antes que un productor de riqueza, y con el comentado incremento de sueldos dependientes de los Presupuestos Generales del Estado, una vez más hay que recurrir al gran Josep Pla y su memorable anécdota al llegar a Nueva York y ver el impresionante despliegue de luz en las calles, avenidas y rascacielos de la gran manzana: y todo esto... ¿quién lo paga?