VALENCIA. Las derivadas de la aprobación del decreto que permitirá regularizar a los interinos que lleven más de diez años en su puesto, sin pasar una oposición amenazan con comenzar a pasarle factura a las administraciones autonómicas de inmediato. Y la Comunitat es una de las regiones en las que la temporalidad es un problema grave para las plantillas, sobre todo en el sector público empresarial.

Así, fuentes sindicales aseguraron ayer que la aplicación del decreto de interinos, ya conocido como ‘Icetazo’ (en referencia al exministro de Administraciones Públicas que lo sacó adelante, Miquel Iceta) podría suponer una oportunidad para algunas entidades de derecho público y entidades públicas empresariales para modificar las oposiciones que, en algunos casos, están incluso convocadas, para modificar criterios. Por ejemplo, eliminar la prueba y dejar en mero concurso el proceso en algunos organismos públicos. Una decisión que, en cualquier caso, deberá tener el visto bueno de Función Pública y de la Conselleria de Hacienda, de quienes dependen las plantillas y el sector público.

Así, alguna de las entidades que ya tienen en proceso sus concursos, como FGV, el IVASS, el IVF o el IVAM, podrían estar planteando modificar las convocatorias, tras la aprobación del decreto para cambiar las condiciones. El decreto, en cualquier caso, respeta las ofertas públicas de empleo convocadas con anterioridad en caso de que se quieran mantener, pero su visto bueno ha abierto el debate en el seno de varias de las firmas afectadas, lo que podría generar inseguridad jurídica. El decreto Iceta, que sólo afecta a los interinos (el personal que ha accedido a la Administración sin haber superado una oposición). De hecho, incorporará a las plantillas públicas a quienes lleven diez o más años en un mismo puesto para el que no se haya convocado la plaza en una OPE.

La Intervención de la Generalitat, en uno de sus últimos informes sobre personal en el sector público valenciano, ya describió una radiografía de las plantillas al detalle, con un personal envejecido y con altas dosis de temporalidad.

El decreto podría suponer una grieta para que algunas entidades modificaran las pruebas que yan habían convocado

De hecho, sólo un 4% de trabajadores del SPI son funcionarios, mientras que un 1% son interinos, y el resto de otra categoría y directivos. Ese resto de grupos tiene un carácter minoritario porque fuera de los organismos autónomos y del personal estatutario de los consorcios hospitalarios el personal que ha pasado un concurso oposición para obtener el puesto de trabajo es «residual», según concluyó la Intervención. El porcentaje de temporales se dispara por encima del 65% en los consorcios y fundaciones, con el triple de laborales no fijos que fijos, y alcanza casi el 60% en el caso de las entidades de derecho público, como Ferrocarrils, el IVAJ, el IVF o el IVAM. El número de empleados temporales es más del doble que los fijos. En organismos autónomos, como Labora o el IVAJ, hay casi un 40% de laborales temporales.

Entrando al detalle, la entidad que se lleva el primer puesto en temporalidad es la Sociedad Anónima de Medio de Comunicación, la empresa que gestiona À Punt. A falta de convocar sus oposiciones, el 99,1% de su plantilla (580 de 585 empleados) está en situación de interinidad. Una cifra cercana al 98,4% de no fijos que tiene el Instituto de Investigación La Fe (450 de 457 trabajadores) o la otra empresa de la radiotelevisión, la corporación, con un 90,9% de temporales. Fisabio, el Incliva, el Ivass o el consorcio Espacial están todas por el 75% de temporales. La inmensa mayoría de la plantilla.

Para la Intervención, el sector público debería contar con herramientas informáticas que permitan llevar registros de personal unificados en todas las entidades, de manera que se facilite el control y seguimiento de las magnitudes más importantes: salario medio, número de puestos ocupados en cada momento, tipología personal, precariedad o edad media entre otros. Además, deberían establecerse programas adecuados para tratar de ajustar la temporalidad a las estrictas necesidades, vigilando el cumplimiento de las tasas de reposición y evitando la concatenación de contratos temporales que puedan conducir a la adquisición de la condición de fijos.