VALENCIA. La Fiscalía Anticorrupción solicita un total de 17 años y 3 meses de prisión y una multa de 3,3 millones de euros para Vicente Huerta, el dueño de Avialsa, por la comisión de diversos delitos fiscales. El magistrado del juzgado número 2 de Sagunto procesó a Huerta, entre otros, al hallar indicios racionales de criminalidad por canalizar de manera instrumentalizada la totalidad de los ingresos y gastos del grupo empresarial «con la finalidad de camuflar gastos amparados en facturas, prestaciones de servicios no ejecutadas, otorgar préstamos entre las sociedades y movilizar el capital inmobiliaria entre empresas para eludir el pago de tributos».

Ahora, Anticorrupción considera que en esta pieza que forma parte del caso Avialsa, el supuesto trato de favor a la empresa encargada de la extinción de los incendios en la Comunitat durante el mandato del PP, se han producido diversos delitos contra la Hacienda Pública entre los ejercicios 2009 y 2014 en relación con el IVA, el Impuesto de Sociedades y el IRPF, y que se sumarían a un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Pese a que Huerta contaría con el atenuante de reparación del daño en algunos delitos, Fiscalía mantiene que el propietario de Avialsa, la denominación de un caso enmarañado que afectaba directamente al exconseller Serafín Castellano, sería responsable de los delitos mencionados y propone la citada pena de prisión, sino también una multa de 3,3 millones de euros, así como la obligatoriedad de indemnizar a la Agencia Tributaria por más de 824.000 euros. La investigación se ha centrado en la premisa de «caja única», donde todas las sociedades del Holding Avialsa parece que se cruzaban facturas para eludir las obligaciones fiscales y con el objetivo de blanquear capitales. Una estructura donde se cruzaban contratos entre sociedades y se hacían préstamos entre las empresas.