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La jueza ultima el procesamiento de los ediles y asesores del PP por el pitufeo

La profesional sustituta trabaja ya en el auto que probablemente en septiembre pondrá fin al caso tras más de cinco años de pesquisas

A. RALLO

VALENCIA. El juzgado de Instrucción 18 de Valencia ya trabaja en la elaboración del auto por el que se procesará a los cerca de medio centenar de investigados, exconcejales, asesores y excolaboradores del Partido Popular de Valencia por el caso del pitufeo. Todos los investigados están acusados de colaborar en el blanqueo de 50.000 euros de una supuesta caja B que tenia el PP en la ciudad.

Lo hicieron, siempre según el relato de la Fiscalía Anticorrupción, antes de las elecciones de 2015 por orden de la secretaria del Grupo Municipal, Mari Carmen García Fuster, mano derecha de la que fuera alcaldesa de Valencia Rita Barberá.

El caso, como el resto de las investigaciones derivadas de Imelsa, estaba sumido en la más absoluta parálisis con el titular de Instrucción 18 de Valencia. De hecho, las demoras en la tramitación de este asunto han llevado al Consejo General del Poder Judicial a la apertura de un expediente para analizar si los hechos merecen una sanción económica o de otro tipo.

La juez sustituta, sin embargo, ha dado un impulso a las diligencias. Por un lado, ha cerrado dos de las investigaciones del caso, la de los zombies de Imelsa y la de los supuestos amaños en el Ayuntamiento de Valencia con la empresa de Marcos Benavent. Ahora se ha concentrado en el auto del blanqueo, según adelantaron fuentes judiciales.

La idea es que la resolución esté lista, como fecha límite, en septiembre. Exite la posibilidad de que puede terminarse antes, sería por ejemplo este mes de julio, insisten las mismas fuentes. Esa es la fecha tope que se maneja para dar una respuesta judicial a los imputados.

La decisión judicial supondrá terminar con la incertidumbre que arrastra el grupo de afines al PP que lleva más de cinco años con la instrucción, pero más de dos ejercicios sin que se practiquen diligencias de ningún tipo. Además, algunos letrados han presentado numerosas quejas por la falta de contestación a sus escritos. En algún caso, temen incluso que se hayan extraviado ante la ausencia de respuestas. Los investigados se quejaban de la enorme incertidumbre que padecían después de dos años sin noticias del juzgado. Esta parálisis suponía una especie de hipoteca civil sobre la vida de estas personas, la gran mayoría desligados del PP.

En esta pieza también se encuentra investigado el que fuera vicealcalde de Valencia y mano derecha de Barberá, Alfonso Grau. Las investigaciones apuntan a que el exdirigente fue el que organizó y encauzó las donaciones ilegales de empresarios para el pago de las campañas electorales de 2007 y 2011. Ahora está en prisión provisional por el caso Azud.

El caso tiene, además, una indudable vertiente política. Será uno de los primeros tragos difíciles de Carlos Mazón como nuevo presidente regional del PP. En igual tesitura se colocará María José Català, número dos de los populares y portavoz del partido en el Ayuntamiento de Valencia, que todavía cuenta con algunos de los investigados en el blanqueo como miembros de su equipo. Por ejemplo, Luis Salom o Cristóbal Grau, actuales asesores.

POLÍTICA

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2021-07-27T07:00:00.0000000Z

2021-07-27T07:00:00.0000000Z

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