En este momento, cuando todavía no hemos sido capaces de frenar del todo el avance y los efectos de la pandemia del coronavirus y, cuando las soluciones, como el acceso a las vacunas, siguen mostrando un mundo desigual, injusto, con muchas velocidades y donde el lugar de pertenencia sigue determinando las condiciones de vida de las personas, sentimos la urgencia de «incrementar nuestro amor social», como dice el papa Francisco.

Guía nuestros pasos la confianza en que podemos construir un mundo más justo, menos desigual, más inclusivo; y con esa confianza nos dirigimos a todos, a la sociedad española, a las empresas, a la administración, a nuestros socios locales y a las comunidades a las que apoyamos.

EL BIEN COMÚN Y SU PROMOCIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS

Nuestro tiempo tiene un nombre: crisis. Una crisis con múltiples dimensiones: social, sanitaria, medioambiental, económica, de valores. Por eso es tan urgente alzar una voz de denuncia y esperanza. Todo puede ser nuevo, todos podemos participar en la gestación de una nueva sociedad, un nuevo mundo, con nuestra solidaridad y el empeño compartido en promover el bien común. Como dice el Papa en su encíclica Fratelli tutti, «es un llamado siempre nuevo, aunque está escrito como ley fundamental de nuestro ser: que la sociedad se encamine a la prosecución del bien común y, a partir de esta finalidad, reconstruya una y otra vez su orden político y social, su tejido de relaciones, su proyecto humano».

En la búsqueda del bien común participa toda la sociedad, pero su promoción corresponde a las autoridades y los gobiernos de los que se dotan los pueblos. Si el bien común concreta los derechos –y cada persona debe ser protagonista de su ejercicio, en función de su propia dignidad–, es el Estado el encargado de velar por su garantía y de facilitar a cada persona lo que necesite para desarrollar una vida auténticamente humana: alimento, vestido, salud, agua, trabajo, educación, cultura, libertad de elección…

Al igual que los derechos humanos, el bien común es indivisible, es de todos y de cada uno, y solo es posible lograrlo y protegerlo juntos. Esto es así porque no se trata de sumar intereses individuales que pueden no solo no coincidir sino ser contrapuestos. En estos momentos vemos cuánto individualismo guía las decisiones de las personas, las comunidades y los estados. Al enfrentar la crisis sanitaria, luchamos contra un virus que enferma el cuerpo, pero también contra el virus más difícil de vencer, el egoísmo que nos hace buscar la propia salvación por encima de todo, sin mirar hacia los lados y, mucho menos, fijarnos en aquellas hermanas y hermanos nuestros que son más vulnerables, los descartados, que necesitan de toda nuestra solidaridad para salir adelante.

Creemos que «si las soluciones a la pandemia llevan la huella del egoísmo, ya sea de personas, empresas o naciones, quizá podamos salir del coronavirus, pero ciertamente no de la crisis humana y social que el virus ha resaltado y acentuado. Para construir una sociedad sana, inclusiva, justa y pacífica, debemos hacerlo encima de la roca del bien común» (Audiencia General del Papa en Roma, 9/9/20).

Por esta razón es tan importante el reconocimiento de la salud y, por ende, el acceso a las vacunas como un bien común, indispensable para el desarrollo de una vida digna para todas las personas.

Al igual que los derechos humanos, el bien común es indivisible, es de todos y de cada uno, y solo es posible lograrlo y protegerlo juntos.

EL DERECHO A LA SALUD Y SU VULNERACIÓN

Ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la comunidad internacional afirmó que todas las personas sin exclusión son sujetos de esos derechos. Entre ellos, el artículo 25 cita el derecho a la salud: «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene derecho a los seguros, asimismo, en los «casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad».

Se trata de un derecho fundamental. Sin salud no se puede trabajar, lograr condiciones indispensables para el desarrollo personal o comunitario, y acceder así a los recursos necesarios para una vida digna. Según datos de Naciones Unidas, en el último decenio, las inversiones y progresos en la asistencia sanitaria y la salud, incrementaron los ingresos de algunos de los países más pobres en un 24 %. La vulneración de este derecho es muy grave, no solo por sí mismo, sino porque compromete el cumplimiento del resto de derechos, con el más importante a la cabeza: el derecho a una vida digna.

En el marco del derecho a la salud, está su cuidado a través de medidas preventivas como las vacunas. Para la Organización Mundial de la Salud, «la inmunización es componente esencial del derecho humano a la salud además de responsabilidad de individuos, comunidades y gobiernos, y debe considerarse como tal. Se estima que gracias a la vacunación se previenen unos 2,5 millones de fallecimientos cada año».

La administración de las vacunas se ha convertido hoy en un nuevo frente y es necesario denunciar cómo, desde algunos ámbitos, las vacunas y su acceso se entienden como un negocio en el que, de nuevo, prima la obtención de beneficios por parte de las empresas sobre la protección de la salud de los que no pueden pagar o pueden pagar menos.

Tanto la legislación vigente como la ética social y la enseñanza de la Iglesia nos recuerdan que el mercado no puede gestionar derechos: «Ante el riesgo concreto de una “idolatría” del mercado, la doctrina social de la Iglesia subraya sus límites, fácilmente perceptibles en su comprobada incapacidad de satisfacer importantes exigencias humanas, que requieren bienes que, “por su naturaleza, no son ni pueden ser simples mercancías”, bienes no negociables según la regla del “intercambio de equivalentes” y la lógica del contrato, típicas del mercado» (Pontificio Consejo «Justicia y Paz»; Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 349). Esas necesidades, exigencias o bienes tienen que ver con aquellas condiciones indispensables para la garantía de los derechos, como el acceso a la salud.

DIGNIDAD DE VIDA Y ACCESO A LOS SISTEMAS PÚBLICOS DE SALUD

Es deber del Estado cuidar la salud de su ciudadanía, realizando así el derecho humano a la salud, a través de la promoción de unos sistemas públicos que aseguren el acceso de todas las personas, independientemente de su poder adquisitivo, a los mecanismos que permiten ese cuidado.

Cuando estalló la pandemia en marzo de 2020, las sociedades se encontraron con verdaderas dificultades para luchar contra ella. Las inversiones en investigación y en el mantenimiento

Sin salud no se puede trabajar, lograr condiciones indispensables para el desarrollo personal o comunitario, y acceder así a los recursos necesarios para una vida digna.