La Junta de Andalucía está rechazando miles de pruebas diagnósticas (ecografías, resonancias magnéticas y TAC) solicitadas por los médicos de cabecera sin que lo sepan ni los facultativos ni los pacientes, que se quedan en un limbo sanitario.

En Andalucía, miles de pruebas diagnósticas —ecografías, resonancias magnéticas y TAC— solicitadas por los médicos de atención primaria para sus pacientes son rechazadas en al menos cuatro provincias (Sevilla, Huelva, Almería y Córdoba), sin que ni los facultativos ni los enfermos lo sepan durante semanas o meses. La consecuencia de estas negativas, derivadas del intento del Gobierno andaluz (PP) de limpiar el enorme atasco de las listas de espera de pruebas diagnósticas — solo Huelva acumula casi 40.000 pendientes—, es espinosa: se genera otro limbo de pacientes cuyas pruebas han sido rechazadas por el sistema sin que estos hayan sido informados.

Revisiones médicas mediante ecografías, resonancias o TAC (prueba con rayos x) para atajar a tiempo ganglios o quistes, por ejemplo, han sido denegadas en los hospitales con mayor lista de espera. Ante el desconocimiento y el retraso para la derivación al especialista, miles de pacientes acuden a la sanidad privada para hacerse estas pruebas que la sanidad pública tiene en cola y que retrasan diagnósticos y tratamientos, además de hacer crecer la presión asistencial.

El error en el sistema, que genera un limbo de pacientes cuyo diagnóstico no avanza, recuerda al creado con las enfermas de cáncer de mama con casos dudosos, que no fueron informadas a tiempo de sus revisiones, mientras en algunos casos los tumores avanzaban en silencio. Los retrasos con las mamografías superaron los dos años y han tenido consecuencias a veces fatales, mientras que estas nuevas demoras afectan a patologías menos agresivas que el cáncer y arrastran como máximo un año.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias alega que “cuando una prueba no se valida, el sistema genera una notificación automática al médico y la enfermera responsables del paciente, de forma que puedan informar al paciente y, si procede, reorientar la petición”. Sin embargo, la realidad es que esas notificaciones se quedan en el olvido, aplastadas por el frenético día a día de la atención primaria.

Desde 2017, y tras explorar a los pacientes, los 11.000 médicos de familia y pediatras andaluces solicitan al sistema informático Diraya pruebas diagnósticas necesarias para determinar el alcance de las enfermedades. A continuación, los hospitales de referencia de cada centro de salud autorizan las pruebas o las rechazan. Y la negativa se comunica al buzón de entrada del facultativo, habilitado para informarle de ingresos de pacientes en urgencias, entre otras funciones.

Ana Pagador, vocal de atención primaria del Sindicato Médico Andaluz, señala: “Te quedas tan tranquila, pasan meses y nadie te llama o te alerta de que la prueba no se ha realizado. A los meses pueden o no comunicarlo en el buzón del profesional, un cajón de sastre para muchas notificaciones”. La consejería asegura que “si los profesionales sanitarios detectan incidencias en la recepción de estas notificaciones, deben comunicarlas al sistema para su corrección inmediata”, justo lo que hizo dicho sindicato el pasado martes, sin respuesta positiva desde el Gobierno autonómico para solucionarlas.

“No hay tiempo en una consulta de atención primaria. El buzón es inmenso, con todo tipo de notificaciones, y no se trabaja de manera agenciada. La comunicación debe ser de otra manera”, lamenta José Carlos Rojas, secretario de dicho sindicato en la capital andaluza. El resultado es que los avisos de rechazos y validaciones de pruebas diagnósticas quedan sepultados por la vorágine diaria.

La habilitación de hace ocho años para que los médicos de familia pidan pruebas diagnósticas ha dado la puntilla a los servicios de radiología, ya muy saturados. “Ha sido una avalancha imposible

de manejar”, relata una radióloga veterana de Sevilla. El Sindicato Médico señala: “Toda decisión que implique el rechazo o modificación de una prueba diagnóstica debe estar justificada por escrito con criterios clínicos o técnicos, y comunicarse de forma fehaciente tanto al médico solicitante como al paciente afectado”.

Un facultativo de atención primaria de la ciudad de Huelva, considera “una obligación” revisar a diario esas notificaciones, aunque censura las demoras desorbitadas: “Los retrasos son inaceptables. Si por una sospecha de demencia o proceso tumoral yo solicito un TAC craneal y me tarda un año y medio, ya no tiene sentido. Pero también con una resonancia para un menisco de rodilla o una ciática que no va bien con el tratamiento que se retrasa meses. Son pacientes jóvenes con su vida laboral parada esperando una prueba”.

La revisión de pruebas diagnósticas solicitadas por la atención primaria tiene otra derivada en provincias como Cádiz o Huelva, donde la consejería ha exigido a los médicos que justifiquen sus solicitudes de pruebas complementarias de los dos últimos años para desatascar las listas de espera de pruebas diagnósticas.

En la ciudad de Cádiz están afectados los cuatro centros de salud que dependen del Hospital Universitario Puerta del Mar, que soporta el mayor embudo en su lista de espera de pruebas (La Laguna, La Paz, Loreto Puntales y Puerta Tierra). Para que no haya grietas y defender su criterio clínico frente a la presión de la consejería, los médicos se han puesto de acuerdo para informar de que todas las pruebas solicitadas son pertinentes, sin excepción alguna, según fuentes del caso.

Mientras, en la ciudad de Huelva está el Hospital Juan Ramón Jiménez, uno de los centros más saturados, con casi 40.000 pruebas diagnósticas pendientes, según fuentes sanitarias. La mitad de ellas han sido pedidas por los médicos de familia: “Durante los años 2023 y 2024 se han acumulado 19.253 pruebas diagnósticas de imagen (RNM y ECO) procedentes del Distrito Huelva Costa y Condado Campiña que no han podido ser realizadas (…) ni transferidas a otros servicios sanitarios, al no disponer Huelva de concierto sanitario para pruebas de imagen”, rezaba la misiva del director gerente del distrito, Antonio José Ortega, a sus centros de salud, remitida el pasado 27 de junio.

“Cada médico debe revisar una media de 50 o 60 pacientes, además la orden llegó en verano, cuando los médicos de la costa han visto de 60 a 80 pacientes, saltándose el acuerdo del tope de 35 pacientes. El déficit de la sanidad pública en Huelva es bestial y desde hace décadas han ido abandonándolo por completo”, critica Jesús Cordobés, delegado de atención primaria del Sindicato Médico en Huelva. Lo más llamativo es que todos esos pacientes de 2023 y 2024 quedan fuera del Decreto 96/2004, que establece una garantía de plazo de 30 días en los procedimientos diagnósticos. La exigencia de la consejería para la atención primaria en Huelva vencía el 30 de septiembre, pero ha sido prorrogada ante la imposibilidad de acatarla.

En Andalucía se publicaban las listas de espera de pruebas diagnósticas hasta 2019, cuando el Gobierno de Juan Manuel Moreno cambió el sistema de información para ocultarlas. Como publicó EL PAÍS, hay otras cuatro comunidades que tampoco las comunican (Valencia, Baleares, Aragón y Navarra), incumpliendo así el Real Decreto de 2003 que regula las listas de espera.

El ambiente en la sanidad pública andaluza se ha enrarecido en el último mes desde que saltó la crisis del cribado de cáncer de mama, y los episodios violentos por parte de pacientes se han sucedido. La novedad es que varios radiólogos han sufrido violencia verbal por parte de los usuarios del sistema, algo inédito hasta ahora.

Un solo hospital de Huelva acumula casi 40.000 pruebas pendientes

Las denegaciones se pierden en la vorágine diaria de los médicos de familia