«Muy bien, eh. Enhorabuena. Una respuesta con mucho rigor». El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quedó ayer conforme con las alegaciones que presentará la Consejería de Economía al borrador del nuevo modelo de financiación autonómica que dio a conocer el Estado a finales del año pasado. Una propuesta, la del Ministerio de Hacienda, que vendría a sustituir al sistema actual, que lleva casi una década caducado. De aprobarse supondría un hachazo para las arcas públicas de la comunidad autónoma, con una pérdida de ingresos de hasta 472 millones de euros al año –serían 200 millones en el escenario más conservador y 350 en uno intermedio–, la misma cantidad que se come cada ejercicio Valdecilla. Por eso el Ejecutivo presenta alegaciones y por eso confía en que prosperen con el fin de atenuar el golpe.

Al contrario que en otros asuntos que tienen que ver con el Gobierno de la nación y que afectan de lleno a Cantabria, aquí los dos socios del bipartito sí que van de la mano. Ambos rechazan cualquier opción que suponga la pérdida de ingresos de ahora en adelante. Con los mismos argumentos, aunque con más vehemencia el primero y con menos el segundo, Miguel Ángel Revilla (PRC) y el vicepresidente Pablo Zuloaga (PSOE) coinciden en que el nuevo modelo debe «mejorar la situación de Cantabria». O «al menos», si no logra más ingresos,

Miguel Ángel Revilla

Presidente de Cantabria (PRC) «Si sale adelante la propuesta, la autonomía desaparece, porque no es viable. Esperemos que el documento inicial no llegue nunca a ver la luz»

Pablo Zuloaga

Vicepresidente cántabro (PSOE) «El Gobierno no defenderá un modelo que no beneficie a la comunidad autónoma. El reparto debe garantizar la equidad en el acceso a los servicios»

que no pierda los que ya tiene, algo que no está garantizado –más bien todo lo contrario– si el Gobierno central no toca ni una coma el texto actual. Un extremo que el líder regionalista ni siquiera contempla porque, con la calculadora en la mano, supondría hacer inviable la autonomía: «Si sale adelante la propuesta, la autonomía desaparece. No es viable. Esperemos que este documento no llegue nunca a ver la luz».

«Un modelo que no beneficie a esta comunidad autónoma no será el que defienda el Gobierno de Cantabria», añadió Zuloaga, que recordó que el Ejecutivo regional reclama un «reparto justo que garantice la equidad en el acceso a los servicios». El socialista, que también se plantó ante la propuesta del Ministerio de Hacienda que dirige su compañera de filas María Jesús Montero, entiende que, de salir adelante el sistema propuesto por Madrid, los cántabros no tendrán la garantía de poder acceder a servicios de la misma calidad que el resto de españoles por el mayor coste que implica prestar asistencia sanitaria o educación en lugares con la orografía, la dispersión o el envejecimiento que tiene la comunidad autónoma.

Esos tres elementos son algunas de las claves de las alegaciones que remitirá el Gobierno regional. Todos ellos ya se tienen en cuenta en el modelo de financiación que plantea el Estado, pero Cantabria entiende que su peso ponderado no es el suficiente. La explicación técnica, en la que entró en profundidad la consejera de Economía, María Sánchez, no es sencilla. El borrador remitido a los territorios y sobre el que ahora todos ellos pueden reclamar cambios se basa en el criterio de la población ajustada. Es decir, que cada territorio no recibe lo que le correspondería por su peso poblacional, sino que hay una serie de factores correctores: el envejecimiento, la dispersión, la orografía, el número de escolares… Elementos que distorsionan el gasto y que Cantabria defendía.

Eso figura en el borrador y, con ese cálculo, Cantabria saldría beneficiada. Si hoy la región tiene el 1,1% de la población, con el sistema en vigor recibe el 1,35% de la tarta y con el sistema propuesto pasaría al 1,55%. La ‘trampa’ es que eso sería toda la financiación. Desaparecería el Fondo de Suficiencia, que ahora supone el 20% de las entregas a cuenta. Uno de cada cinco euros que llegan a los territorios. Con esta revisión, la financiación autonómica pasaría a ser el 100% y ahí es donde

Cantabria, que ahora es la que más ingresa por habitante, podría perder hasta 472 millones de euros.

El texto de las alegaciones es mucho más extenso, pero se puede resumir en cinco puntos: mantener el ‘statu quo’ para que ningún territorio reciba menos de lo que recibe actualmente; evaluar de una forma «más realista» el impacto del envejecimiento a la hora de calcular el coste sanitario; que la orografía adversa de territorios montañosos tenga más peso que la superficie total de cada comunidad autónoma; cambiar la forma para calcular la dispersión geográfica –el Ministerio aplica una fórmula que premia siete veces más a Galicia que a Cantabria a pesar de que tienen características similares–; y que la partida extraordinaria que compensa los costes fijos –cuantas más personas usan un servicio, menor es el coste por usuario– sólo la reciban las regiones que sufren sus consecuencias.

Todo para evitar un recorte «inasumible» por un modelo contra el que Revilla tiene intención de «dar la batalla» de la mano de otras comunidades de zonas con riesgo de despoblación, tal y como se acordó en la cumbre de presidentes autonómicos de Galicia. Precisamente eso, que diera «la batalla» y dejara a un lado la actitud tibia, era lo que le pedía la líder del PP, María José Sáenz de Buruaga.

Desde Vox, ayer su portavoz, Cristóbal Palacio, afirmaba que la financiación autonómica no se debe afrontar «sin abordar antes el problema territorial del Estado». «No se están defendiendo los intereses del conjunto de los españoles, más bien se quiere seguir financiando el alto coste de las autonomías y aumentar el poder de los barones territoriales», lamenta.