LA infancia es un colectivo especialmente vulnerable. Este es el motivo por el que en noviembre de 1990 nuestro Parlamento ratificó ‘La Convención sobre los Derechos del Niño’, un tratado internacional destinado a velar de forma específica por los derechos de toda persona menor de 18 años. Las necesidades de quienes todavía no han desarrollado una plena autonomía son mayores que las de cualquier adulto y el grado de exposición a determinados riesgos ha justificado, tradicionalmente, la existencia de una legislación específica destinada a preservar y proteger a nuestros menores. Ante un mundo en constante transformación y en un contexto en el que la tecnología alumbra cada día nuevas oportunidades, pero también nuevos riesgos, tiene poco sentido el que no nos interroguemos acerca del modo en que los avances tecnológicos están impactando sobre la vida y el bienestar de nuestros niños y adolescentes.

Que las grandes empresas tecnológicas se encuentran ya en posición de disputar algunos niveles de soberanía a los Estados es un hecho difícilmente cuestionable. La manera en la que las redes sociales impactan sobre nuestra forma de pensar y de vivir suponen un desafío innegable para los patrones clásicos desde los que se idearon las bases de las democracias modernas. Diariamente constatamos la obsolescencia de nuestras categorías y pocas personas pueden dudar del modo en que las redes sociales pueden resultar hoy decisivas en la orientación, por ejemplo, de la opinión pública. Lamentablemente, cada vez son más los estudios que evidencian de forma científica el impacto negativo que ciertos abusos en el consumo tecnológico tienen sobre la vida de los más pequeños. Recientemente, de hecho, el cirujano general de los EE.UU. ha publicado un informe advirtiendo de los peligros que entraña el uso descontrolado de la tecnología por una población tan sensible como la infantil. El libre acceso a contenidos que son legítimos para un adulto puede generar consecuencias perniciosas en el desarrollo de un niño y, sin embargo, la pornografía, formas de violencia extrema o herramientas diseñadas para generar conductas adictivas siguen resultando accesibles para nuestros hijos a golpe de clic.

Un uso adecuado de la tecnología sólo podrá garantizarse a través de la acción coordinada entre las familias, los educadores y la sociedad en su conjunto. Sin embargo, sustraer de la agenda política el debate y renunciar a implementar políticas públicas y una legislación concreta puede acabar constituyendo una imprudencia. El legítimo negocio de las empresas tecnológicas jamás debería colisionar con el cuidado y la protección de la infancia y existen evidencias crecientes que prueban que un libre acceso a contenidos impropios para los niños puede acabar teniendo consecuencias irreversibles en su vida futura.

Lejos de alimentar un alarmismo infundado, la creciente preocupación de los padres por el uso que sus hijos hacen de la tecnología es razonable y es misión del legislador adaptarse a una realidad que hasta hace poco resultaba inimaginable. Proteger a nuestros niños de contenidos concebidos solo para adultos debería ser un objetivo coordinado por toda la sociedad. El optimismo acrítico con el que a veces hemos acogido determinados usos de la tecnología merecería detenerse cuando se trata de preservar los intereses y el bienestar de la infancia. No se trata promover una legislación prohibicionista ni de interrumpir el saludable curso del progreso, sino de adaptar un contexto de consumo tan potente e ilimitado como el digital a las necesidades y a la vulnerabilidad de los más pequeños.