Ruanda ya no es tanto una solución práctica ante el aumento de la inmigración irregular en el Reino Unido, sino un pulso con jueces, organizaciones humanitarias, votantes y hasta el ala dura del Partido Conservador que Rishi Sunak debe ganar para sobrevivir políticamente. El Gobierno británico se ha empeñado en salvar una política de deportaciones que el propio Tribunal Supremo del Reino Unido ha anulado por ilegal. Es el único modo, piensa el equipo del primer ministro Sunak, de salvar las posibilidades electorales de los conservadores dentro de un año.

El ministro del Interior, James Cleverly, viajó ayer hasta Kigali para renegociar con el Gobierno ruandés el acuerdo que cerró Boris Johnson en abril de 2022. Desde entonces, ni un solo avión ha despegado desde suelo británico con inmigrantes, bien por la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, bien por la de la propia justicia británica. Todas las instancias han señalado claramente las dudas —puestas sobre la mesa en su momento por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados— en torno a la seguridad jurídica de Kigali, y la posibilidad real de que muchos de los deportados sean devueltos a sus países de origen, donde sufrirán persecución y represalias.

El Gobierno de Sunak, sin embargo, está convencido de que si Londres y Kigali firman un nuevo acuerdo mejorado, y el Parlamento aprueba en los próximos días una declaración que sostenga que Ruanda es un país de fiar, el asunto quedará solucionado y blindado frente a futuros desafíos judiciales.

El nuevo acuerdo asegura, según el comunicado emitido ayer por el Gobierno británico, que “las personas desplazadas a Ruanda no correrán el riesgo de ser devueltas a un país donde su vida o su libertad se vean amenazadas”. Con el texto se refuerzan las funciones del comité independiente de control que ya se había acordado entre ambos países. Podrá de ese modo, dice Downing Street, supervisar que se cumplan las condiciones establecidas respecto a la recepción, tratamiento y apoyo de los inmigrantes deportados, así como respecto al proceso de tramitación de solicitudes de asilo.

“Creemos firmemente que este tratado responde a todas las objeciones planteadas por los magistrados del Tribunal Supremo. Hemos trabajado codo con codo con nuestros socios del Gobierno de Ruanda para asegurarnos de que sea así, y confío en que a partir de ahora podamos avanzar con rapidez”, dijo Cleverly en rueda de prensa, en Kigali, junto al ministro de Exteriores ruandés, Vincent Biruta.

“A continuación impulsaremos una propuesta legislativa que incorpore esas mejoras en el derecho británico y cierre algunas de las lagunas que hoy permiten

Todas las instancias judiciales dudan de la seguridad jurídica del Estado africano

El ‘premier’ cree que es el único modo de tener alguna opción frente a los laboristas

la interposición de demandas espurias que impiden que los inmigrantes suban a los aviones”, añadió en Londres el secretario de Estado de Inmigración, Robert Jenrick. “Con ambas cosas podremos seguir adelante con un plan que es clave para rebajar los números de inmigrantes”, añadía. En el mejor de los casos, el país africano tendría capacidad para llegar a acoger hasta a un millar de inmigrantes.

En su momento, Londres se comprometió a pagar más de 160 millones de euros anuales a Kigali a cambio de su colaboración. La visita de Cleverly, que según The Sunday Times iba acompañada de la oferta de un refuerzo económico, busca el modo de asegurar que el proceso de tramitación de solicitud de asilo de los deportados se lleve a cabo del modo apropiado. El Gobierno baraja incluso la idea de enviar allí a un equipo de abogados británicos que colaboren durante los trámites. “Existen problemas respecto al proceso en general, y sé que el Ministerio del Interior está contemplando cuidadosamente esa posibilidad”, admitía en la BBC la secretaria de Estado de Cultura, Lucy Frazer.

Lo cierto es que Ruanda se ha convertido más en un símbolo de la supuesta firmeza de Downing Street para frenar la inmigración que en una respuesta eficaz. En lo que va de año, más de 20.000 personas han cruzado las aguas del canal de la Mancha para llegar a las costas inglesas. Pero, sobre todo, es la cifra total de inmigrantes —irregulares o legales— la que tiene contra las cuerdas a Sunak y su Gobierno. En 2022, se alcanzó la cifra récord de 745.000 personas. Para este año, los cálculos de la Oficina Nacional de Estadística apuntan ya a más de 670.000 nuevos habitantes. “El Gobierno debería admitir que el esquema [de deportaciones a Ruanda] ha fallado y no puede ser enmendado”, señaló Nick Emmerson, el presidente de la Law Society of England and Wales (Sociedad de Abogados de Inglaterra y Gales).

Horas antes de su viaje a Kigali, Cleverly presentó ante la Cámara de los Comunes una batería de nuevas medidas para restringir las vías y mecanismos de entrada al Reino Unido de los inmigrantes legales: trabajadores con visado, estudiantes y familiares dependientes en su mayoría. Si la Ley de Inmigración que alumbró el Ejecutivo de Johnson exigía ya a las empresas que aspiraban a contratar a un trabajador extranjero que pagaran un salario mínimo anual de poco más de 30.000 euros, el Gobierno de Sunak ha elevado el listón hasta los 45.000 euros, un nivel complicado en sectores como la hostelería, la agricultura o la asistencia a las personas dependientes. La última encuesta de YouGov señala que, después de la economía y la sanidad pública, la inmigración es el asunto que más preocupa a los ciudadanos británicos.