El Tribunal Constitucional de Perú ordenó ayer la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años por crímenes de lesa humanidad. La sentencia contraviene una disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que había pedido al Estado peruano acatar la orden de no sacarlo de prisión. La resolución establece la “falta de competencia” de la CIDH para “ordenar directamente la no decisión de una orden judicial”. La semana pasada el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, ya había sido tajante al respecto: “La respuesta es sí [procede la liberación de Fujimori], porque lo que hemos resuelto nosotros es una aclaración”. “Las sentencias del tribunal deben acatarse y cumplirse, igual que las resoluciones de la Corte Suprema, pero en este caso la que tiene la prevalencia es la sentencia del Tribunal Constitucional”, agregó.

Fujimori recibió un indulto humanitario en diciembre de 2017 dictado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, el cual fue revocado en el verano de 2018. Sin embargo, en marzo de 2022, el Constitucional declaró fundado un habeas corpus a su favor. La semana pasada, el máximo intérprete de la Constitución dejó la ejecución en manos del juez Vicente Fernández Tapia. No obstante, Fernández resolvió no hacerla efectiva. En la resolución de ayer, el Tribunal

En 2018, al expresidente le fue revocado el indulto dictado el año antes

El abogado del antiguo mandatario cree que podría salir hoy mismo

Constitucional expone su desacuerdo con su decisión: “Llamar severamente la atención al juez a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, señor Vicente Fernández Tapia, exhortándolo a poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de habeas corpus”.

Elio Riera, el abogado de Fujimori, se pronunció desde el penal de Barbadillo tras visitarlo en su celda. “Fujimori ha tomado con mucha alegría este mandato y, bueno, me ha encomendado esta última misión de darle viabilidad a los trámites administrativos para su liberación. Ahora me dirigiré al Instituto Nacional Penitenciario. Estimo que mañana [por hoy] debería salir libre. En un día a más tardar”, dijo. Respecto a las responsabilidades internacionales del Estado y a una posible sanción por no acatar la orden de la CIDH, Riera aseguró: “Es un límite de convencionalidad. La Corte no debe decidir quién sale y quién no. Prima el Derecho de Soberanía. No es determinante. No hay ninguna vinculación”.

El abogado Franco García considera que por tratarse de un órgano de justicia supranacional, el exmandatario retornará a prisión. “Si se cumple esta sentencia, la CIDH la anulará. No procede el indulto por graves violaciones a los derechos humanos”. Bajo esa misma línea opina en redes sociales la experta en violencia política, Jo-Marie Burt: “Desde la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) hemos expresado claramente nuestra oposición a la liberación de Alberto #Fujimori sin que haya cumplido las condiciones elaboradas por la Corte. De liberarlo el Estado del #Peru incumpliría con sus obligaciones internacionales de manera flagrante”.

Como se recuerda, Fujimori fue condenado por ser el autor intelectual de las matanzas de Barrios Altos y la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta. Gisela Ortiz, vocera del colectivo de deudos del caso La Cantuta, lamenta lo sucedido: “Como familiares de víctimas estamos condenados a vivir diciembres entre la angustia, la rabia y el sentimiento de ciudadanos de segunda. Nuestros derechos por debajo de la libertad indebida de un delincuente. El indulto de 2017 fue negociado. Inaceptable decisión”, concluye.