La cruzada del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra las pandillas salvadoreñas, que cumple su cuarto día consecutivo, dio el miércoles un paso más al aprobar el Congreso una serie de leyes que endurecen las penas de cárcel para los pandilleros. Mientras los diputados aprobaban los cambios en el código penal, en las calles proseguían las detenciones masivas de sospechosos. La decisión de modificar las penas se une al paquete de medidas puestas en marcha desde que el sábado fueran asesinadas más de 70 personas en zonas controladas por la pandilla MS-13.

La “guerra contra las pandillas” incluye más dinero para la policía, más años de cárcel para los pandilleros y más armamento para el Ejército. Una decisión tomada por la Asamblea en medio de un estado de excepción que limita algunos derechos fundamentales de la población.

Desde ayer, pertenecer a algunas de las tres pandillas: Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, estará penado con 30 años de cárcel, independientemente de que se le compruebe delito alguno al detenido. Si el pandillero es “cabecilla”, la pena será de 40 a 45 años. Antes de la reforma, la pertenencia a pandillas se castigaba con prisión de tres a cinco años o de seis a nueve años en el caso de los líderes. En el nuevo código penal, un niño de 12 años que pertenezca a una pandilla podrá estar en prisión hasta 10 años y, si tiene menos de 16 años, podrá ser condenado hasta a 20 años de cárcel. “Hoy sí se castigará como se debe”, dijo Caleb Navarro, diputado del oficialista Nuevas Ideas.

El endurecimiento de las penas llega después de que el pasado domingo los diputados aprobaran el estado de excepción que restringe libertades y amplía los poderes de la policía y el Ejército, tras la ola de violencia que dejó 87 muertos. La reforma del código penal también establece que quienes “promuevan, ayuden, faciliten o favorezcan la conformación o permanencia en las agrupaciones” de pandillas recibirán una pena de 20 a 30 años de prisión.

Según las autoridades, las pandillas, que cuentan con unos 70.000 miembros, además de obtener dinero mediante las extorsiones también se nutren financieramente de la droga, por lo que serán condenados a 20 años de cárcel los pandilleros traficantes.

Terminar con las pandillas, que dispararon el número de homicidios durante el fin de semana, es la principal obsesión de Nayib Bukele, que lanzó varios tuits destinados a detallar las detenciones realizadas en todo el país, más de 2.500 según el jefe de la policía, y a cargar contra los organismos de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo ha expresado su preocupación por las detenciones y la orden de reducir a la mitad la alimentación de los presos.

“Salvadoreños recuerden: cuando los pandilleros asesinaron a decenas de personas inocentes, la CIDH no dijo ni una sola palabra”, tuiteó Bukele. En otro mensaje cargó contra la comunidad internacional al decir: “¿Saben cuántos países han decidido ayudarnos contra las pandillas? Exactamente: NINGUNO”.