LA VISITA de Isabel Díaz Ayuso a México ha terminado convertida en lo que parecía desde el principio: un episodio de política interna española trasladado al otro lado del Atlántico. La presidenta madrileña aterrizó en el país envuelta en una retórica grandilocuente sobre la libertad, la hispanidad y la defensa de Hernán Cortés, y se marcha antes de tiempo denunciando un supuesto “boicot” del Gobierno de Claudia Sheinbaum. Entre medias, más ruido que contenido, más escenificación que diplomacia, y un afán de protagonismo cuyo único resultado tangible es haber tratado de entorpecer el acercamiento entre España y México tras años de desencuentros.

Ayuso ha querido representar en México una batalla cultural que, en realidad, pertenece al ecosistema político español. Las declaraciones sobre la Conquista, las referencias constantes a Cortés y la insistencia en retratar a México como un país capturado por la izquierda radical tal vez encuentren un eco en determinados sectores de la derecha española, obsesionados con transformar cualquier debate histórico en una guerra identitaria. En México esas consignas apenas resuenan. Y no porque el país carezca de debates sobre su pasado, que los tiene, sino porque nadie necesita que una dirigente autonómica española venga a explicarle cinco siglos de historia.

México ha discutido la Conquista durante generaciones. Lo ha hecho desde posiciones diversas, contradictorias y complejas. Irrumpir en esa conversación con discursos simplificados revela una mezcla de desconocimiento histórico y paternalismo difícil de disimular.

El Gobierno mexicano permitió a Ayuso hablar, reunirse y desplazarse con absoluta libertad. La presidenta madrileña mantuvo encuentros y expresó sus posiciones sin restricciones. Las protestas fueron limitadas, simbólicas y legítimas en una democracia viva. Presentarlas como una persecución resulta grotesco y victimista, además de carecer de fundamento.

La relación entre México y España merece más seriedad y menos teatralidad. Merece respeto, conocimiento mutuo y una mínima comprensión de que los vínculos históricos no pueden utilizarse como munición para las batallas domésticas. Otra cuestión es el sentido que podía tener que una presidenta autonómica dedicase diez días a un desplazamiento institucional cuyo balance político, económico y diplomático resulta, siendo generosos, difuso.

La política exterior española corresponde al Estado, y convertir giras internacionales en plataformas de confrontación ideológica termina erosionando la imagen institucional que supuestamente se pretende reforzar. El único y verdadero balance del viaje abreviado de Ayuso habrá sido el intento de poner palos en las ruedas del deshielo diplomático entre México y España, un esfuerzo propiciado por los gobiernos de ambos países y por la Corona española.