Frente a otros países, España apenas ha introducido dos enmiendas en su Constitución desde los 70, lo que contrasta con las 34 de Suecia y las 7 de Portugal. El primer cambio se produjo en 1992, sin necesidad de referéndum porque no lo pidió el 10% de los diputados ni afectaba al fondo de los artículos. PSOE, PP, CIU, IU-IPC, CDS, PNV y Grupo Mixto respaldaron añadir, en el artículo 13.2, la expresión “y pasivo” referida al derecho de sufragio de los extranjeros en comicios locales, adaptándose así al Tratado de Maastricht. El segundo se dio en 2011 y fue muy polémico. Zapatero, agobiado por la crisis financiera iniciada en 2007 con las hipotecas basura de EE.UU., presionado por la UE y haciendo caso omiso (curiosamente) a Felipe González, que se oponía a las recetas conservadoras de Merkel y los “hombres de negro” frente al keynesianismo de Obama, incluye el concepto de “estabilidad presupuestaria” en el 135 para priorizar el pago de la deuda pública con el apoyo del PP y UPN. Entre los cambios pendientes, queda igualar a las herederas de la Corona frente a los hombres. Además, Canarias exige que, como reconoce la UE, se incluya la condición de RUP y el REF para no estar al albur de lo que quiera o sepa cada nuevo Gobierno