El presidente del Senado, Pedro Rollán, el 30 de noviembre en la jornada de puertas abiertas de la Cámara alta.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, confirmó ayer que su partido impulsará “en las próximas semanas” una votación en el Senado para intentar cubrir la única vacante que queda en el Tribunal Constitucional. Ese puesto está desierto desde julio de 2022, cuando el magistrado conservador Alfredo Montoya Melgar dimitió por enfermedad, y corresponde a la Cámara alta designar al sustituto. El PP tiene mayoría absoluta en el Senado, aunque para sacar adelante el nombramiento se necesita una mayoría de tres quintos. Durante una entrevista en la Cadena Cope, Feijóo acusó al PSOE y a sus socios de frenar la sustitución de ese magistrado en la legislatura pasada, cuando los socialistas y sus socios tenían mayoría en la Cámara alta.

“En la anterior legislatura fuimos incapaces de que la Mesa lo incluyese en el orden del día. Qué fraude es mantener con 11 miembros el Constitucional y negar que el partido al que le corresponde la propuesta del magistrado 12 lo pueda hacer”, afirmó el jefe de la oposición, culpando de esa situación al “mismo Gobierno que habla de que si el PP no quiere renovar no sé sé qué cosa [en referencia al Consejo General del Poder Judicial]”. El proceso de sustitución de Montoya, sin embargo, sí llegó a ser promovido por el anterior presidente del Senado, el socialista Ander Gil, aunque quedó en suspenso por la convocatoria de las elecciones generales del 23-J y la consiguiente disolución de las Cortes.

La Cámara alta designa a cuatro magistrados del Constitucional, conforme al artículo 159.1 de la Ley Fundamental, la ley orgánica que regula el tribunal de garantías y los artículos 184 y 196 del Reglamento del Senado. En el proceso de elección de esos magistrados entran en juego las comunidades

La iniciativa se presentará “en las próximas semanas”, asegura Feijóo

El nombramiento requiere una mayoría de tres quintos de la Cámara

autónomas, pues cada Parlamento regional puede presentar hasta dos candidatos. Esa propuesta de los territorios pasa a la Comisión de Nombramientos de la Cámara alta y luego se vota definitivamente en el pleno del Senado. En la práctica, suele haber un acuerdo previo entre los partidos políticos para mantener el equilibrio de fuerzas.

En dicha votación, el candidato ha de lograr mayoría de tres quintos para ser designado. El PP tiene mayoría absoluta en el Senado desde el 23-J, pero no llega a esos tres quintos necesarios. Sí puede, no obstante, forzar que el asunto se someta a debate del pleno, al tener mayoría en la Mesa. En el PSOE todavía no hay una posición sobre cómo enfrentarán esa negociación. En rueda de prensa en el Senado, el portavoz del PSOE, Juan Espadas, se refirió ayer a la vacante del Constitucional. “Está pendiente. En la pasada legislatura no se tomó la decisión. Espero que esta legislatura también despeje estas incógnitas”, ha dicho Espadas al respecto.

En estos momentos, el Tribunal Constitucional tiene una mayoría de siete magistrados progresistas frente a cuatro conservadores. Por tanto, en caso de que Montoya fuera sustituido por otro magistrado del cupo del PP, el margen de la mayoría progresista se estrecharía: 7 a 5. Ese baile de números podría tener consecuencias, ya que hay, por ejemplo, dos magistrados progresistas que pueden ser recusados para decidir sobre la futura ley de amnistía: el exministro Juan Carlos Campo —que, de hecho, ya ha pedido apartarse en este asunto— y la magistrada Laura Díez, quien también formó parte del Gobierno de Pedro Sánchez. En caso de ser recusados ambos, habría un empate a cinco entre progresistas y conservadores, que solo podría deshacer con su voto de calidad el presidente del tribunal, el progresista Cándido Conde-Pumpido.

En la pasada legislatura, el presidente del Senado, el socialista Ander Gil, solicitó a los Parlamentos autonómicos hasta en cinco ocasiones que presentaran a sus candidatos para cubrir la vacante en el Constitucional. Hubo Cámaras de mayoría popular que no aportaron ningún nombre.

Por otra parte, la Mesa del Senado ha aprobado este martes pedir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —cuyo mandato lleva cinco años caducado— un informe sobre la futura ley de amnistía. Un pronunciamiento que fue descartado en el Congreso de los Diputados al ser tramitada la iniciativa como proposición de ley y no ser obligatorio, por tanto, el informe del CGPJ.