La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó hace cinco años, se reunió ayer de forma extraordinaria con un único punto en el orden del día: responder a la tramitación de las comisiones de investigación en el

Congreso pactadas entre el PSOE y los partidos independentistas, en las que Junts y ERC pretenden que se clarifique si hubo casos de lawfare (persecución judicial con fines políticos). Pero la reunión derivó en una nueva bronca interna en la que el voto de calidad del presidente suplente, Vicente Guilarte, sirvió, junto al voto de dos vocales progresistas, para sacar adelante una declaración que rebaja considerablemente la carga política del texto que pretendían aprobar los conservadores, que fueron quienes reclamaron que la permanente se pronunciara. En el texto aprobado, el Consejo reitera su rechazo a las referencias al lawfare y advierte de que se mantendrá “vigilante” en relación con el desarrollo de las comisiones parlamentarias de investigación en defensa de la independencia judicial.

La comisión permanente, el principal órgano de decisión del Consejo tras el pleno, ya se pronunció sobre el lawfare horas después de que se conociera el pacto alcanzado entre el PSOE y Junts. Aquel texto salió adelante con el apoyo de seis de los siete miembros de la permanente del Consejo, incluidas las progresistas Roser Bach y Mar Cabrejas. Solo votó en contra la también progresista Pilar Sepúlveda. En aquel primer comunicado, el Consejo calificó de “inadmisible” esa referencia a una supuesta persecución judicial a políticos independentistas.

Pero, según explican fuentes del órgano, en el pleno del pasado jueves, algunos vocales conservadores reclamaron que se diera una respuesta más dura, aprovechando que la Mesa del Congreso ya había dado el visto bueno a la tramitación de las comisiones. De ahí surgió la reunión extraordinaria de la comisión permanente celebrada ayer, a petición de tres de los cuatro vocales conservadores que integran ese órgano (José Antonio

Ballestero, María Ángeles Carmona y Carmen Llombart). Estos tres consejeros han llegado a la reunión con un texto en el que se reprochaban explícitamente declaraciones sobre la supuesta existencia de lawfare realizadas en los últimos días por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Transporte, Óscar Puente, y el líder de Junts, Carles Puigdemont.

Ese texto solo recibió el apoyo de los tres vocales que lo proponían, mientras que los progresistas y Guilarte votaron en contra y propusieron uno alternativo que reproduce íntegramente el del 9 de noviembre, aunque incluye la determinación a mantenerse “vigilante, en defensa de la independencia judicial”, sobre esas comisiones de investigación.