Hoy será un día de relativa festividad en el Congreso de los Diputados en el 45º aniversario de la Constitución de 1978. Habrá una actuación musical, se leerán seis artículos significativos del texto y la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, pronunciará un discurso institucional sobre los retos de la complicada legislatura que comienza. Sin embargo, se albergan pocas esperanzas de que durante la misma se puedan llevar a cabo reformas de calado o incluso meros retoques en la Ley Fundamental ante la magnitud del enfrentamiento entre el PSOE y el PP, ahora por la ley de amnistía. Los líderes de las dos formaciones sí se han comprometido a cambiar en el plazo más breve posible el término “disminuidos” por “personas con discapacidad” en el artículo 49 de la Constitución, pero esa promesa ya la hicieron sin éxito en la anterior legislatura. El presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, les lanzó un ultimátum: “No nos utilicen, o lo hacen ya por dignidad o déjennos en paz”.

En los últimos aniversarios de la Constitución se han repetido los coloquios y debates sobre el grado de envejecimiento de esa Ley Fundamental y sobre la necesidad de su puesta a punto, tras 45 años en vigor. Los partidos enumeran algunas de las posibles lagunas, carencias o fallos constatados en estos lustros, pero luego no se ponen de acuerdo para la más mínima actualización. Este diagnóstico se evidenció ayer, durante la charla-coloquio que protagonizó en una sala repleta del Congreso uno de los dos ponentes que quedan vivos de la Constitución, el catalán Miquel Roca, que no se mostró precisamente “entusiasmado” con encarar ahora, en este clima de crispación y disputa permanente, la apertura de ese debate para cambiar un texto que en su día acaparó el consenso de casi el 88% de los ciudadanos que lo refrendaron.

El PSOE y el PP, que suman 258 diputados de los 350 de la Cámara baja, solo están de acuerdo, en teoría, en modificar la literalidad del artículo 49 que mandata a los poderes públicos a realizar “una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la ONCE llevan años reclamando sustituir ese término de disminuidos por el de “personas discapacitadas”. Coinciden en las declaraciones pero sin éxito real. En la anterior legislatura, ambos partidos casi pactan una enmienda para corregir esa situación, pero las campañas y las elecciones volvieron a frustrar el acuerdo.

El presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, se ha reunido en numerosas ocasiones tanto con los líderes de esos partidos y sus ministros y colaboradores, de los que ha recibido buenas palabras e intenciones, pero está a punto de ver agotada su paciencia. La semana pasada estuvo con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y también con el nuevo ministro

Los dos partidos sí se comprometen a cambiar el término “disminuidos”

“O lo hacen ya por dignidad o déjennos en paz”, reclama la ONCE

de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, con el que se verá de nuevo hoy, y ambos le ratificaron su promesa de que el asunto será resuelto “en breve”. Carballeda, en declaraciones a EL PAÍS, se muestra convencido de que ahora se logrará “por dignidad” pero también advierte de que esa demanda no debe aprovecharse para justificar o introducir otras cosas: “Si no es así, que se metan la Constitución donde les quepa y que nos dejen en paz”.

El presidente de la comisión Constitucional, el socialista José Zaragoza, el lunes en la constitución de esa sesión, mencionó de pasada algunos retos políticos pendientes como la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No citó a ese partido pero la portavoz popular en la comisión, Cayetana Álvarez de Toledo, le reprochó esa alusión por poco institucional.

Zaragoza reafirma a este diario que el PSOE ha planteado algunas reformas para el acuerdo, pero apunta como culpable del fracaso al PP por haber “estado prisioneros de Vox”. Ahora, el socialista defiende: “Es muy importante abordar de inmediato la reforma del artículo 49 de la Constitución para recuperar el respeto para las personas con discapacidad y le pido al PP que deje de bloquearla con excusas. Porque reformar este artículo permitirá blindar los derechos de las persoLa

nas con discapacidad y darles dignidad y seguridad. Todas las cosas que se planteen van en la línea de hacer una España mejor y más justa, y para ello es imprescindible eliminar cualquier discriminación”.

Escenarios realistas

El PP está a favor de ese cambio puntual, pero no se fía del PSOE en nada y ve trampas detrás de cualquier propuesta, como recalcan cada día con la ya registrada ley de amnistía que acapara toda la atención en este arranque de la legislatura. Álvarez de Toledo, lo ratifica en manifestaciones a EL PAÍS: “La reforma de la Constitución es un fake news, una noticia falsa que desvía la atención de lo verdadero y de lo importante. Lo verdadero es que ninguna de las modificaciones que suelen invocarse para justificar la reforma de la Constitución responden a una demanda ciudadana ni a una necesidad urgente. Y que la más importante de ellas –la sustitución del modelo autonómico por otro de carácter plurinacional, confederal u, ojo, centralista— no entra en ningún escenario realista ni concita el imprescindible consenso”.

Álvarez de Toledo constata que cualquier aportación al texto no recabaría el apoyo del casi 90% que concitó el vigente: “Si encerrásemos en una sala a los portavoces de todo el arco parlamentario con la misión inexcusable de pactar una alternativa, el texto resultante sería, en lo fundamental, idéntico al de 1978: el modelo autonómico sigue representando el centro español”. Para la portavoz es evidente “que la Constitución no es el problema ni su reforma la solución” porque en su opinión el problema real ha sido “la deslealtad al pacto constitucional, primero del separatismo y ahora del PSOE”. Y concluye: “El desafío de esta legislatura no es la reforma de la Constitución, sino su defensa. Y ya no frente al separatismo. Ahora frente al propio Gobierno, cuyo proyecto liquida el orden constitucional: porque deslegitima el Estado de derecho con la ley de amnistía, porque pretende impedir la alternancia política con la estrategia del muro y porque avanza hacia una mutación anticonstitucional: de una España de ciudadanos libre se igual esa otra de muñones identitarios enfrentados ”.