Salvo impedimento de fuerza mayor, Pedro Sánchez volverá a ser investido presidente tras haber vuelto a demostrar su singular habilidad para el contorsionismo político al amarrar los apoyos que precisa para revalidar su mandato por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, que es donde suelen dirimirse estas cosas en una democracia institucional representativa y no en las calles, a grito limpio, a costa de exacerbar viejos odios, resquemores y prejuicios, desatando la violencia simbólica, verbal y física, para lograr, generando el caos, lo que se ha sido incapaz de conseguir en las urnas y a través del entendimiento con otros.

En una democracia parlamentaria, el gobierno lo deciden los legítimos representantes de la soberanía popular que conforman mayorías que en España hoy son plurales, periféricas y transversales. Y esas mayorías están hoy de acuerdo en volver a investir a Sánchez, pues creen que ha llegado el momento de definir y pactar un nuevo modelo de relación territorial que ayude a superar conflictos latentes que vienen de antiguo y el actual inquilino de Moncloa es el único candidato que, al menos sobre el papel, parece dispuesto a ello.

La encendida oposición a que se dicte una ley de amnistía para los encausados en el ‘procés’, como paso previo e inexcusable para abordar la cuestión de fondo del reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, teniendo en cuenta esa nueva aritmética parlamentaria que podría hacerlo posible, puede dilatar los tiempos, pero no impedirá que deba abrirse ese debate y que, cuando se haga, haya que hacerlo desde una argumentación sosegada, racional y política, y no con soflamas tardofranquistas.

En cuanto a Sánchez, todavía está por ver si realmente está decidido a «hacer de la necesidad virtud» y a propiciar que esa mayoría «mestiza» que le permitirá seguir gobernando encuentre un mejor acomodo en una España compuesta de diferentes naciones soberanas, cada una con su identidad y capacidad de autogestión propias, en función de los derechos que históricamente le correspondan. Una España descentralizada, unida en su diversidad, donde convivan respetándose los distintos pueblos y lenguas que la integran. Un anhelo no demasiado alejado de la fórmula de federalismo asimétrico que los socialistas alumbraron en su Declaración de Granada en 2013, de la que nunca más se supo.

Obviamente no será fácil. Para construir esa nueva España basada en un renovado pacto de convivencia hace falta algo más que una declaración de intenciones motivada por la necesidad aritmética. Pedro Sánchez deberá ser flexible como un junco y, a la vez, firme como una roca para cumplir con la palabra empeñada a sus socios nacionalistas, pese a las furiosas tempestades que le aguardan.

Colorín colorado… este cuento aún no se ha acabado. Pero postergarlo ‘sine die’ sería fraudulento. El país no está para más juegos dilatorios ni para cabriolas semánticas que pretendan infantilizarnos. Los acuerdos están para cumplirse. Y eso es lo que esperan de él quienes se han comprometido a esponsorizarle en este viaje.