La justicia argentina investigará uno de los crímenes más célebres de la Transición española, el asesinato en Madrid en 1977 del estudiante granadino de 19 años Arturo Ruiz a manos del pistolero ultra español José Ignacio Fernández Guaza. La jueza María Romilda Servini ha dado el primer paso para impulsar las pesquisas después de que una investigación de EL PAÍS localizara el pasado noviembre en Buenos Aires al autor confeso del atentado, que durante 46 años ha vivido con impunidad gracias a una identidad falsa.

La magistrada solicita a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín que encargue el rastreo del fugitivo a un juzgado de primera instancia con jurisdicción en Ingeniero Maschwitz, un municipio a 45 kilómetros de Buenos Aires de 15.000 habitantes, donde reside Fernández Guaza.

La resolución judicial, fechada el pasado 24 de noviembre, ordena que se indague si el asesino cometió los delitos de usurpación de identidad y falsificación de documento público, tal y como el ultra confesó a este periódico. Servini responde así un escrito de la defensa de la familia de la víctima, en el que se incluyen fotocopias de la investigación de este diario con el detalle del paradero.

El letrado Duilio Jorge Ramírez pide el arresto y la toma de declaración como testigos de los dos periodistas. “La decisión de la juez es un avance importante. Con las nuevas pruebas presentadas, pedimos que se detenga [a Fernández Guaza] por el asesinato de Arturo que él mismo acaba de confesar”, señala el abogado.

A sus 76 años, Guaza confesó que se fugó de España en enero de 1977 tras descerrajar dos tiros a Ruiz durante una manifestación en Madrid a favor de la amnistía de los presos políticos, la víspera de la matanza de los abogados laboralistas de Atocha. Viajó de Irún (Gipuzkoa) a París en coche, donde residió un año antes de volar a Argentina. “La Guardia Civil me dijo que me fuera ”, reconoció este hombre que afirma haberse movido por Latinoamérica mientras se encontraba en busca y captura gracias a una identidad falsa fabricada “por los servicios de seguridad españoles”. El empujón de la investigación en Argentina contrasta con el estado de las pesquisas en España contra este ultra que carece de DNI en las bases de datos policiales, pese a que sobre él pesaron órdenes internacionales, ya expiradas.