El problema de que llegue el 1 o el 3 de octubre ya no es que desde ningún balcón los independentistas vayan a declarar la independencia, ni que corten la carretera, o los CDR vayan a cualquier hotel a amedrentar a policías o a casas cuartel a acosar a familias de agentes de la Guardia Civil. En estas fechas, el drama es constatar que no pasa nada, pero que el daño ya está hecho, y que, además, sus responsables siguen en el poder con licencia para seguir empobreciendo a los catalanes.

Hoy, Carles Puigdemont declara ante un juzgado en Cerdeña. Como en la canción de Alaska, «¿A quien le importa?». A lo sumo el tribunal sardo estará maldiciendo su mala suerte por el marrón que les ha caído. A las puertas del juzgado estará TV3, Catalunya Ràdio y la agencia de noticias de la Generalitat para darnos cuenta de l a última andanza de nuestro Johnny English particular. Luego harán un especial con el siniestro Gonzalo Boye.

El ‘postprocés’ es hoy como la enésima temporada de Gran Hermano. Se quedó sin audiencia. Los responsables del canal de noticias de TV3 3/24 se lamentaban la semana pasada que la retransmisión del debate de política general desde el Parlament les había hundido la audiencia. Es de suponer que los más cafeteros del independentismo no querían ver en directo, a 24 horas del aniversario de su fallido golpe-revolución, que ERC y Junts iban a votar contra la propuesta de la CUP de convocar otro golpe.

Para aquellos obseso compulsivos de la tóxica política catalana que siguieran el debate hay una imagen que resume a la perfección los motivos de la caída libre que experimenta la Cataluña de hoy y las razones por las que está muy lejos de tocar fondo e iniciar la recuperación: Jaume Giró, consejero de Economía y Hacienda, en el pasado directivo súpertop de La

Caixa, hombre por excelencia del ‘establishment’, perseguía por los pasillos del Parlament a Carles Riera, portavoz de la muy anti Caixa, anti Giró y anti todo CUP diciéndole: «Tenim que parlar dels pressupostos». Días antes, Giró había intentando crear un clima favorable al diálogo con los amigos del ‘container’ ardiendo y organizadores de escraches a los vecinos de Giró en la Cerdaña y la Costa Brava anunciando, en una entrevista en Catalunya Ràdio, nuevas subidas de impuestos y recordando sus humildes orígenes en Badalona. Se equivocó en su estrategia el exbanquero, dado que olvidó que los ‘cupaires’ no son hijos del esfuerzo y el sacrificio, como él, sino el resultado de la decadencia de la burguesía que tan bien retrató Alejandro Fernández desde la tribuna parlamentaria.

Durante los poco concurridos actos organizados por el universo institucional ‘indepe’ para conmemorar sus fechorías, hemos visto como los asistentes, en su mayoría funcionarios de la Generalitat y de Ayuntamientos, profesores de escuelas públicas y concertadas y jubilados, quemaban fotos del Rey en Vic, de jueces a la puerta del juzgado de Valls, contenedores en la vía Layetana –intuyo que el fabricante de los contenedores es uno de los pocos beneficiados por el ‘procés’– y banderas de España en Gerona, todo ello amparados por la impunidad de un Gobierno autonómico y unos municipios que son los verdaderos organizadores, financiadores y asistentes a estos actos.

Ayer, 3 de octubre, los catalanes no nacionalistas en particular y los españoles en general, a diferencia de los separatistas, si tenían algo a celebrar, el discurso del Rey Felipe VI, en el instante más oscuro de su reinado, esa noche del 3 de octubre de 2017 emergió una voz firme que transmitió confianza y vigencia del Estado de Derecho en medio de tanta ignominia: «Sé muy bien que en Cataluña también hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten, les digo que no están solos, ni lo estarán; que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles, y la garantía absoluta de nuestro Estado de Derecho en la defensa de su libertad y de sus derechos».

Se ha puesto de moda en los círculos de poder, tanto de la Moncloa como de la Generalitat, decir que los indultos han sido un acierto porque han bajado la inflamación en la calle. Son libres de creerse su propia propaganda, las calles, por agotamiento, estaban ya vacías antes de la humillante liberación por parte de Pedro Sánchez.

El riesgo del indulto no está en el número de manifestantes, sino en el aval político que el mismo supone: «Nuestro juicio fue injusto y nuestro encarcelamiento político», dicen los políticos delincuentes condenados e indultados, y esa idea cala en parte de la opinión pública y se convierte en argumento para proseguir en el poder, destrozándolo todo con una sierra eléctrica política y económica cual Leatherface en ‘La Matanza de Texas’.

Puigdemont declara en Cerdeña. «¿A quien le importa?». El tribunal estará maldiciendo su suerte por el marrón

El riesgo del indulto no está en el número de manifestantes, sino en el aval político que supone: «Nuestro juicio fue injusto»