El Gobierno se replantea el impuesto creado para gravar temporalmente los beneficios extraordinarios logrados por las energéticas por el incremento en el precio de la energía el año pasado, abriendo la puerta a modificarlo en 2024. “Es importante determinar si siguen existiendo esos beneficios extraordinarios. La fiscalidad habitual se puede corregir, modular, pero ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, estamos hablando de otra cosa”, afirmó en Dubái, en el marco de la COP28, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en declaraciones a Efe. Hoy, el impuesto grava la facturación y no las ganancias.

Además de identificar beneficios extraordinarios, hay que ser conscientes de que “es imprescindible una reinversión masiva para la transformación del sistema energético” y que cuanto antes se logre esa transición, “más estables, predecibles, limpios y asumibles serán los precios de la energía”, añadió la ministra. “Si hay beneficios extraordinarios, veamos cómo se puede contribuir” para evitar que “unos ganen mucho” y todos paguen más. Las principales empresas gravadas recibieron las palabras de Ribera con tímidas alzas en Bolsa.

El Ministerio de Hacienda quitó hierro a las palabras de la vicepresidenta tercera. Fuentes de Transición Ecológica aseguraron que no hay ningún cambio de guion, que están en sintonía con la postura del ministerio dirigido por María Jesús Montero, y recordaron que el análisis y revisión del impuesto están incluidos en el acuerdo alcanzado en octubre por el PSOE y Sumar.

Ese pacto contempla revisar “los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas”, sin mencionar la posibilidad de suprimirlos. El objetivo es “readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal”, pero genera dudas a otros socios clave para el Ejecutivo, como el PNV. A diferencia de la pasada legislatura, a los partidos progresistas no les sobra ningún voto. La mayor eléctrica de España (Iberdrola) y la mayor petrolera (Repsol) tienen importantes conexiones con Euskadi.

En las últimas semanas se habían recrudecido las críticas al impuesto por parte de las principales empresas del sector. Repsol ha llegado a amenazar con trasladar sus inversiones a países vecinos, como Portugal o Francia. Pese a la reciente moderación, el beneficio conjunto de las principales energéticas españolas (casi 7.400 millones entre enero y octubre) sigue cerca de las cifras de 2022.

El objetivo es llegar a Navidad con todo cerrado, un trabajo en el que están involucrados los ministerios económicos, con Transición Ecológica y Hacienda a la cabeza.