La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha avalado el convenio de Montaña Pacho, en La Laguna, donde, tras dos décadas, se acaban de recibir las obras de una urbanización comercial y deportiva.

La constructora Cointe sostenía ante los tribunales que el Ayuntamiento de La Laguna debía abonar entre siete y cinco millones de euros por haberse atribuido un mayor aprovechamiento del inicialmente acordado.

El dueño de la empresa, Ambrosio Jiménez, ha declarado que están a la espera de que la junta de liquidación elabore los números definitivos para saber si acuden o no de nuevo a los tribunales, en caso de que se demuestre que existe un exceso de aprovechamiento a favor de la corporación local. Ahí será cuando se determinen los metros cuadrados que corresponden al Ayuntamiento y a Cointe, un reparto que en estos momentos se ha fijado en un 37,5% y 62,5% respectivamente.

Ambrosio Jiménez asegura que su intención es no recurrir más a los tribunales, sino llegar a un acuerdo amistoso en la próxima reunión de la junta de liquidación, en la que se disolverá la de compensación, por lo que resta importancia a este fallo emitido en julio y dado a conocer ahora. Cointe presentó en 2007 la propuesta para llevar a cabo las obras en esta unidad después de modificarse el Plan General y seguirse todos los pasos preceptivos, y, para ello, redactó un convenio con el fin de urbanizar este enclave y desarrollarlo.

En el acuerdo se incluía una relación de fincas propiedad municipal que suman casi 40.000 metros cuadrados, un 37,5%, mientras que la empresa aceptaba tener el restante y se comprometía a ejecutar los trabajos.

En 2008, durante el trámite de información pública, Cointe ratificó su conformidad con el convenio y depositó 4,5 millones como garantía. A partir de entonces empezaron a aparecer discordancias entre el registro de la propiedad y el proyecto de compensación, por lo que se llevaron a cabo diversas rectificaciones que se introdujeron en el nuevo reparto.

Fue entonces cuando Cointe comenzó a hablar de un exceso de aprovechamiento a favor de la Corporación local.

En primera instancia, el juzgado rechazó los argumentos de la constructora, lo que viene a avalar también ahora el TSJC, que descarta “incongruencia omisiva” en cuanto cree que no es necesario contestar a todas las cuestiones planteadas.