El Ministerio de Trabajo y los sindicatos presentaron el 15 de junio el último acuerdo del diálogo social de la legislatura, el estatuto del becario, rechazado por la patronal. En torno a un par de horas antes de que la titular del departamento, Yolanda Díaz, y los líderes de los sindicatos UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, empezaran sus discursos al respecto, el PSOE dejaba claro que tampoco suscribía el texto: fuentes de La Moncloa y del Ministerio de Asuntos Económicos decían que estaba “verde” y que le faltaba “trabajo técnico”. Esto no impidió que Díaz diera por hecha su aprobación: “Se ha acabado el tiempo de pensar en los jóvenes en prácticas como asalariados fantasma”.

La norma nunca llegó al Consejo de Ministros, se celebraron elecciones generales y sigue en el cajón, pese a su presentación en sociedad. En el Ministerio de Trabajo ahora confirman que se volverá a convocar la mesa de diálogo social para escuchar a las partes, con el objetivo de que la patronal se incorpore al acuerdo. La reunión se celebrará ya en 2024.

“El estatuto del becario es una de las piezas claves del acuerdo de Gobierno. Claramente se dice que se aprobará y habrá que hacerlo cuanto antes. Como dijo la vicepresidenta será una de las primeras medidas”, dijo el lunes el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, durante la rueda de prensa en la que diseccionó los datos de afiliación y paro de noviembre. “Volveremos a convocar la mesa de diálogo social para contemplar si hay alguna novedad, pero en principio el texto con el que funciona el Gobierno es el que fue acordado con las organizaciones sindicales”, añadió.

En el ministerio creen que es difícil que haya cambios en el texto, pero no los descartan. Quieren explorar la posición de la patronal y comprobar si es factible incorporarlos al acuerdo sin perder el apoyo de los representantes de los trabajadores. En el departamento de Díaz saben que el momento en el que se certificó el pacto era complejo, justo antes de las elecciones del 23-J, cuando la mayoría de las encuestas apuntaban a una victoria del PP. Esto alejaba a los empresarios de participar en el acuerdo, ante la posibilidad de un cambio en el Ejecutivo.

Fuentes de la negociación siempre han asegurado que el pacto estaba diseñado para incluir a la patronal, dado que limitaba las prácticas extracurriculares a 480 horas, cuando la posición inicial de los sindicatos y Trabajo era eliminarlas. Para los primeros fue una renuncia difícil, dado su rechazo histórico a esta figura

por la cantidad de fraude que concentra. Este texto fue el único pacto formal de los sindicatos y Trabajo que no tuvo traslación al BOE en la pasada legislatura.

La norma aclara que las prácticas no son una relación laboral. Además, restringe las horas de estas en función de su tipología. Las curriculares, que son las desarrolladas durante los estudios, no pueden superar el 25% de las horas en que se concreten los créditos ECTS de la titulación. Las extracurriculares, que son las que complicaron la negociación, se limitan al 15% de las horas en que se concreten los créditos de la titulación o un máximo de 480. Es decir, 60 días a ocho horas por jornada, la mitad que hasta hoy.

El estatuto no fuerza a las empresas a retribuir a los becarios, pero sí establece la obligatoriedad de compensar sus gastos. Por otro lado, la nueva norma establece que los becarios no pueden ser más del 20% de la plantilla, con el matiz para las pymes de que siempre

pueden ser al menos dos; impide que trabajen a turnos o por la noche, salvo si la actividad no se puede desarrollar de otra forma; permite compatibilizar la prestación por desempleo y las prácticas; y prevé sanciones de hasta 225.018 euros para las empresas incumplidoras.

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas rechaza el texto aprobado por los sindicatos y Trabajo. En un comunicado distribuido en junio se oponía “radicalmente” a la compensación de gastos. Si el PSOE y Sumar alcanzan un acuerdo, entonces tendrán que afrontar un debate parlamentario complejo. Fuentes del PNV expresaban dudas cuando fue aprobado: “No está hablado con nosotros y mucho menos consensuado. Pero tampoco está consensuado con las universidades ni con las comunidades”. ERC también se oponía. “Pedimos que se haga una apuesta clara por las prácticas remuneradas”, decían fuentes del grupo.

Yolanda Díaz intentará ahora atraer a la patronal al pacto Economía cree que el texto estaba “verde” y le faltaba elaboración técnica